FEDERAL DISTRICT ARCHIVE
Southern District of California
Press releases recorded for this federal judicial district.
Presunto capo guatemalteco de la cocaína arrestado en San Diego en un caso del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional; autoridades federales anuncian dos recompensas de 10 millones de dólaresRead the Press Release
SAN DIEGO – Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias “Mosh”, alias “Kraken”, presunto capo guatemalteco del narcotráfico acusado de dirigir una operación masiva de tráfico de cocaína como líder de una organización criminal transnacional vinculada a cárteles narcoterroristas, fue arrestado en San Diego por integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). El Departamento de Estado de EE. UU., en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), anunció hoy que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la condena de Montejo Sáenz.
“Todo capo del narcotráfico tiene fecha de vencimiento. La suya llegó hoy”, dijo el Fiscal Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de California, Adam Gordon.
En una imputación de cargos federales del 1 de noviembre de 2018, se acusa a Montejo Sáenz de los delitos de conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal y conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación. La imputación alega que la conspiración continuó hasta noviembre de 2018, inclusive, y abarcó la distribución de cocaína en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y otros lugares. Según documentos judiciales de acceso público, durante la investigación de varios años centrada en Montejo Sáenz, los agentes incautaron más de 5,500 kilogramos de cocaína y 3.7 millones de dólares vinculados a Montejo Sáenz.
Hoy, el Departamento de Estado de EE. UU. también anunció que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o a la condena de Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias “El Teniente Jr.”, alias “Teniente”. En el Distrito Sur de California, en una imputación de cargos federales del 31 de mayo de 2019, Calderón-Calderón está acusado de conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación y conspiración para poseer cocaína con la intención de distribuirla a bordo de una embarcación.
Según documentos judiciales de acceso público, Calderón-Calderón dirige actualmente, en el noroeste de Guatemala, cerca de la frontera entre Guatemala y México, una operación de narcotráfico vinculada a cárteles narcoterroristas.
La imputación contra Calderón-Calderón se hizo pública en junio de 2025 tras un tiroteo mortal en Huehuetenango, Guatemala, en el que participaron las fuerzas del orden mexicanas y que tuvo amplia cobertura en los medios. En junio de 2025, agentes federales en San Diego recibieron información de que Baldemar Calderón-Carrillo, alias “Don Valde”, padre de Calderón-Calderón y principal acusado en la imputación, había resultado muerto durante el tiroteo del 8 de junio de 2025 con autoridades mexicanas. En varios medios de comunicación y en redes sociales se publicó un video del incidente que mostraba a las fuerzas del orden mexicanas en un tiroteo con miembros de una organización de narcotráfico.
En marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a la organización de narcotráfico (DTO) Los Huistas, a Eugenio Darío Molina-López, alias “Don Darío”, a Axel Bladimir Montejo Sáenz y a otras personas, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, por actividades de narcotráfico que amenazan a la población y la seguridad de Estados Unidos y Guatemala.
También en marzo de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció simultáneamente que ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o a la condena del presunto capo guatemalteco del narcotráfico Eugenio Darío Molina-López. Molina-López fue arrestado este año, en abril de 2026.
Estas recompensas se ofrecen en el marco del Programa de Recompensas Antinarcóticos (NRP) del Departamento de Estado de EE. UU. Desde 1986, más de 105 delincuentes transnacionales e importantes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia en el marco del NRP y del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP). Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado administra el NRP en estrecha coordinación con la HSI, el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras agencias del gobierno de EE. UU. que forman parte del HSTF.
“Este arresto refleja el trabajo excepcional y sostenido de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego y de nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional a lo largo de una investigación compleja de varios años”, dijo Kevin Murphy, agente especial a cargo de HSI en San Diego. “Este caso demuestra el poder de nuestro enfoque que abarca a todo el gobierno para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales que trafican con drogas letales y amenazan la seguridad de las comunidades en Estados Unidos”.
“La DEA mantiene su compromiso de apoyar a nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional en la protección de nuestras comunidades”, dijo James Nunnallee, agente especial a cargo de la DEA. “La exitosa captura de Montejo Sáenz es un triunfo para la seguridad pública y demuestra la importancia de trabajar juntos para hacer que los presuntos narcotraficantes rindan cuentas”.
Montejo Sáenz se declaró no culpable durante su comparecencia inicial en el tribunal federal de San Diego el lunes 9 de noviembre. Se ha programado una audiencia de detención de Montejo Sáenz para el 17 de noviembre de 2026 a las 9 a. m. ante el juez federal adjunto David D. Leshner.
Molina-López tiene prevista una audiencia de pedimentos y programación de fecha de juicio para el 15 de enero de 2027 a las 10:30 a. m. ante el juez federal de distrito Dana M. Sabraw.
Los fiscales federales adjuntos Kevin Mokhtari y Bianca Calderón-Peñaloza están a cargo de la persecución penal de estos casos. La investigación de Axel Bladimir Montejo Sáenz fue dirigida por Sherri Walker Hobson, ex fiscal federal adjunta.
IMPUTADOS
Número de caso 18cr4701-DMS
Axel Bladimir Montejo Sáenz Edad: 40 Guatemala
alias “Mosh”, alias “Kraken”,
alias “Gladiator”, alias “Baraja”,
alias “Solin”, alias “Ron Zacapa”,
alias “Captain Morgan”, alias “Corralejo”
Número de caso 19cr0327-DMS
Eugenio Darío Molina-López Edad: 61 Guatemala
alias “Don Darío”,
alias “Molis”
Número de caso 19cr2025-DMS-03
Walfre Donaldo Calderón-Calderón Edad: 44 Guatemala
alias “El Teniente Jr.”
RESUMEN DE LOS CARGOS
Número de caso 18cr4701-DMS
Conspiración internacional para distribuir cocaína – Secciones 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)
Decomiso penal – Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)Conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación – Secciones 70503(b) y 70506 del Título 46 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)
Pena máxima: cadena perpetua y multa de $10 millones
Número de caso 19cr0327-DMS
Conspiración internacional para distribuir cocaína – Secciones 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)
Decomiso penal – Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)Conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación – Secciones 70503(b) y 70506 del Título 46 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)
Pena máxima: cadena perpetua y multa de $10 millones
Número de caso 19cr2025-DMS
Conspiración internacional para distribuir cocaína – Secciones 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)
Decomiso penal – Sección 853 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)Conspiración para poseer cocaína con la intención de distribuirla a bordo de una embarcación – Secciones 70503(b) y 70506 del Título 46 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)
Pena máxima: cadena perpetua y multa de $10 millones
AGENCIAS
Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
Agregado de HSI en Ciudad de Guatemala, Guatemala
Agregado de HSI en Ciudad de México, México
Administración para el Control de Drogas (DEA)
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP)
Buró Federal de Investigaciones (FBI)
Guardia Costera de Estados Unidos
Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia
Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley del Departamento de Justicia
Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Departamento de Estado de EE. UU.
Estos casos forman parte de la iniciativa del HSTF, establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra una Invasión (Protecting the American People Against Invasion). El HSTF es una alianza que abarca a todo el gobierno dedicada a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y trata de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el poderío de las autoridades del orden público de Estados Unidos hacia la identificación, investigación y persecución penal de todo el espectro de delitos cometidos por estas organizaciones, que por mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en investigar y perseguir penalmente a quienes participan en la trata de niños u otros delitos que involucran a niños. Además, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para perseguir penalmente y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos. El HSTF de San Diego está integrado por agentes y funcionarios del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA, la ATF, el Servicio de Marshals de EE. UU., el Departamento de Defensa, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación Criminal Naval, la División de Investigación Criminal del IRS, la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos e INTERPOL; la acción penal está dirigida por la Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.
*Los cargos y alegatos contenidos en una imputación o denuncia penal son solo acusaciones, y a las personas imputadas se les considera inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
Alleged Guatemalan Cocaine Kingpin Arrested in San Diego in Homeland Security Task Force Case; Feds Announce Two $10 Million RewardsRead the Press Release
SAN DIEGO – Alleged Guatemalan drug kingpin Axel Bladimir Montejo Saenz, aka “Mosh,” aka “Kraken,” who is accused of running a massive cocaine trafficking operation as a leader of a transnational criminal organization with ties to narcoterrorist cartels has been arrested in San Diego by members of the Homeland Security Task Force (HSTF). The U.S. Department of State in partnership with Homeland Security Investigations (HSI) announced today that it was offering a reward of up to $10 million for information leading to the conviction of Montejo Saenz.
“Every drug kingpin has an expiration date. Today was his,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
Montejo Saenz is charged in a November 1, 2018 indictment with Conspiracy to Distribute Cocaine Intended for Unlawful Importation and Conspiracy to Distribute Cocaine on Board a Vessel. The indictment alleges that the conspiracy continued up to and including November 2018 and involved the distribution of cocaine in Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Mexico and elsewhere. According to publicly filed documents, during the multi-year investigation targeting Montejo Saenz, agents seized over 5,500 kilograms of cocaine and $3.7 million USD linked to Montejo Saenz.
Today, the U.S. Department of State also announced that it is offering a reward of up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of Walfre Donaldo Calderon-Calderon, aka “El Teniente Jr.,” aka “Teniente.” Calderon-Calderon is charged in the Southern District of California in a May 31, 2019 indictment with Conspiracy to Distribute Cocaine Intended for Importation and Conspiracy to Possess with Intent to Distribute Cocaine on Board a Vessel.
According to publicly filed documents, Calderon-Calderon now leads a drug trafficking operation with links to narcoterrorist cartels in northwest Guatemala near the Guatemala-Mexico border.
The indictment charging Calderon-Calderon was unsealed in June 2025 following a deadly shootout in Huehuetenango, Guatemala involving Mexican law enforcement that was widely reported. In June 2025, federal agents in San Diego received information that Calderon-Calderon’s father, Baldemar Calderon-Carrillo, aka “Don Valde,” the lead defendant in the indictment, had been killed during the June 8, 2025 shootout with Mexican authorities. Video of the incident was posted on various news outlets and on social media showing Mexican law enforcement in a shootout with members of a drug trafficking organization.
In March 2022, U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated the Los Huistas Drug Trafficking Organization (DTO), Eugenio Dario Molina-Lopez, aka “Don Dario,” Axel Bladimir Montejo Saenz, and others, pursuant to Executive Order 14059 for drug trafficking that threatens the people and security of the United States and Guatemala.
Also in March 2022, the U.S. Department of State contemporaneously announced that it was offering a reward of up to $10 million for information leading to the arrest and/or conviction of alleged Guatemalan drug kingpin Eugenio Dario Molina-Lopez. Molina-Lopez was arrested earlier this year, in April 2026.
These rewards are offered under the U.S. Department of State’s Narcotics Rewards Program (NRP). More than 105 transnational criminals and major narcotics traffickers have been brought to justice under the NRP and the Transnational Organized Crime Rewards Program (TOCRP) since 1986. The Department has paid more than $200 million in rewards to date. The Department of State’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs manages the NRP in close coordination with HSI, the FBI, the Drug Enforcement Administration (DEA), and other U.S. government agencies of the HSTF.
“This arrest reflects the exceptional, sustained work of Homeland Security Investigations San Diego and our Homeland Security Task Force partners over the course of a complex, multi-year investigation,” said Special Agent in Charge Kevin Murphy of HSI San Diego. “This case demonstrates the power of our whole-of-government approach to confronting transnational criminal organizations that traffic deadly drugs and threaten the safety of communities in the United States.”
“DEA remains committed to supporting our Homeland Security Task Force partners in protecting our communities,” said DEA Special Agent in Charge James Nunnallee. “The successful capture of Montejo Saenz is a win for public safety and demonstrates the importance of working together to hold alleged drug traffickers accountable.”
Montejo Saenz entered a not guilty plea during his initial appearance in federal court in San Diego on Monday, November 9. A detention hearing is scheduled for Montejo Saenz on November 17, 2026 at 9 a.m. before U.S. Magistrate Judge David D. Leshner.
Molina-Lopez is scheduled for a Motion Hearing/Trial Setting on January 15, 2027 at 10:30 a.m. before U.S. District Judge Dana M. Sabraw.
These cases are being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Kevin Mokhtari and Bianca Calderón-Peñaloza. The investigation into Axel Bladimir Montejo Saenz was led by former Assistant U.S. Attorney Sherri Walker Hobson.
DEFENDANTS
Case Number 18cr4701-DMS
Axel Bladimir Montejo Saenz Age: 40 Guatemala aka “Mosh,” aka “Kraken,” aka “Gladiator,” aka “Baraja,” aka “Solin,” aka “Ron Zacapa,” aka “Captain Morgan,” aka “Corralejo”Case Number 19cr0327-DMS
Eugenio Dario Molina-Lopez Age: 61 Guatemala aka “Don Dario,” aka “Molis”Case Number 19cr2025-DMS-03
Walfre Donaldo Calderon-Calderon Age: 44 Guatemala aka “El Teniente Jr.”SUMMARY OF CHARGES
Case Number 18cr4701-DMS
International Conspiracy to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Section 959, 960, 963
Criminal Forfeiture – Title 21, U.S.C., Section 853Conspiracy to Distribute Cocaine on Board a Vessel – Title 46, U.S.C., Section 70503(b), 70506
Maximum Penalty: Life in prison and $10 million fine
Case Number 19cr0327-DMS
International Conspiracy to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Section 959, 960, 963
Criminal Forfeiture – Title 21, U.S.C., Section 853Conspiracy to Distribute Cocaine on Board a Vessel – Title 46, U.S.C., Section 70503(b), 70506
Maximum Penalty: Life in prison and $10 million fine
Case Number 19cr2025-DMS
International Conspiracy to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Section 959, 960, 963
Criminal Forfeiture – Title 21, U.S.C., Section 853Conspiracy to Possess with Intent to Distribute Cocaine on Board a Vessel – Title 46, U.S.C., Section 70503(b), 70506
Maximum Penalty: Life in prison and $10 million fine
AGENCIES
Homeland Security Investigations
HSI Attaché Guatemala City, Guatemala
HSI Attaché Mexico City Mexico
Drug Enforcement Administration
Customs and Border Protection
Federal Bureau of Investigation
U.S. Coast Guard
Department of Justice’s Office of International Affairs
Department of Justice, Office of Enforcement Operations
Joint Interagency Task Force-South
U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of State
These cases are part of the HSTF initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
*The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendants are considered innocent unless and until proven guilty.
U.S. Attorney’s Office Filed 103 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 103 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On November 6, 2026, Cesar Carranza Pimentel, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 75 pounds of fentanyl and 9 pounds of cocaine concealed in spare tire underneath the bed of the 2018 silver Chevrolet Silverado the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.- On November 11, 2026, Geovanni De La Rosa Galan, a Mexican citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 250 pounds of methamphetamine concealed in the truck bed and gas tank of the 2012 Dodge Ram the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- November 11, 2026, Anthony Aguilar, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 261 pounds of methamphetamine concealed in the bed floor, passenger side quarter panel, driver side quarter panel, and back window of his 2019 Dodge Ram he was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Money Launderer Sentenced for Laundering $52 Million for the Sinaloa Cartel as Part of Ongoing Homeland Security Task Force InvestigationRead the Press Release
SAN DIEGO – Hector Paez-Garcia, who was previously extradited from Panama to the United States on money laundering charges, was sentenced in federal court today to 41 months in custody as part of a Homeland Security Task Force investigation.
According to court records, Paez-Garcia was a high-ranking member of a major money laundering organization working for the Sinaloa Cartel. The organization dispatched couriers around the country to collect drug proceeds from cartel-affiliated dealers. The couriers then deposited the money in U.S. bank accounts for fictitious companies, splitting their deposits between multiple sham accounts and bank branches to avoid detection. From there, the money was often transferred to Mexico-based shell accounts controlled by Paez-Garcia or converted to cryptocurrency. Paez-Garcia, in turn, ensured the money was properly disbursed to the Sinaloa Cartel. From 2020 until his arrest and extradition in 2023, Paez-Garcia assisted the organization in laundering approximately $52 million in illicit drug proceeds.
Since Paez-Garcia’s arrest, the United States has continued to dismantle the organization, by charging, extraditing, and convicting several other key money launderers. To date, these efforts have resulted in charges against 51 defendants and the seizure of approximately 1,304 kilograms of methamphetamine, 34 kilograms of heroin, 11 kilograms of cocaine, 14 kilograms of fentanyl, and more than $4.1 million dollars. The head of the organization, Alberto David Benguiat Jimenez, was sanctioned by the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control in 2025, as were the shell corporations Paez-Garcia operated.
“When you do the cartel’s business, you become our business,” said United States Attorney Adam Gordon. “Money laundering is the lifeblood of the cartel business model, allowing criminal organizations to expand their operations and profit from the suffering they cause,” said FBI Special Agent in Charge Mark Remily. “The extradition, conviction, and sentencing of Hector Paez-Garcia demonstrate the determination of U.S. law enforcement and our international partners to dismantle these networks. No matter where cartel facilitators hide, justice will find you.”
“Money laundering is the lifeblood of the cartel business model, enabling criminal organizations to profit from the misery and devastation caused by their drug trafficking operations,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “Hector Paez-Garcia helped funnel tens of millions of dollars in drug proceeds for the Sinaloa Cartel, allowing the organization to sustain and expand its criminal enterprise. Today’s sentence demonstrates the strength of our partnerships and our unwavering commitment to dismantling the financial networks that fuel cartel violence and drug trafficking. No matter where cartel facilitators hide, justice will find them.”
This case was prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Paul Benjamin and Robert Miller.DEFENDANTS Case Number 23-cr-00446-JLS
Hector Paez-Garcia Mexico City, MexicoSUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Launder Money – Title 18, U.S.C., Section 1956(h)
Maximum penalty: 20 years in prisonINVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
Drug Enforcement AdministrationThis investigation is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
Chinese National in Viral YouTube Video Sentenced to 6 ½ Years in $27 Million Multinational Fraud Scheme Targeting 2,000 SeniorsRead the Press Release
SAN DIEGO – Jiandong Chen, aka “Little Tiger,” was sentenced in federal court today to 6 ½ years in prison for his part in a $27 million fraud and money laundering scheme targeting approximately 2,000 elderly victims across the United States.
In April 2026, Chen pleaded guilty and admitted his role in the fraud and money laundering conspiracy. According to public documents, members of the conspiracy operated a series of technical support, bank impersonation, government impersonation and refund scams targeting elderly victims. Victims received unsolicited phone calls, emails, and pop-up ads directing victims to call a phone number. Unbeknownst to the victims, those phone numbers belonged to India-based scam call centers.
Once a victim called the call center, members of the conspiracy used social engineering techniques to build trust with the victim. After building trust with a victim, the conspirators would induce victims to send money to members of the conspiracy in the United States, in locations throughout Southern California, Nevada and elsewhere. The money was sent to members of the conspiracy, including Chen, most often as bulk cash via express mail packages but also as wire transfers. Certain members of the conspiracy also did in-person pickups of money directly from victims.
Jn July 2023, Chen was confronted in a viral YouTube video by Ashton Bingham and Art Kulik from Trilogy Media—both of whom attended today’s sentencing hearing. During the video, Chen traveled to a residence in the Los Angeles area to pick up bulk cash from someone he believed to be an elderly victim of the fraud scheme. In a video posted to their YouTube channel entitled “CONFRONTING SCAMMERS WITH A FAKE FUNERAL (EPIC REACTIONS),” Chen was confronted by Bingham and Kulik about working for a scam organization. Here’s a link to the video.
At today’s sentencing hearing, the prosecutor outlined the timeline of Chen’s involvement. Chen, a Chinese national, moved to the United States in November 2022. By February 2023, Chen was actively participating in the fraud and money laundering scheme as evidenced by numerous videos of Chen retrieving victim packages and counting victims’ money, as shown below—including videos where Chen was wearing the same distinctive clothing as in the viral YouTube video.Based on publicly filed documents, despite being arrested by local law enforcement in June 2023, Chen’s involvement continued through at least December 22, 2023, when he was encountered by federal agents in Upland, California attempting to retrieve additional victim packages. In his plea agreement, Chen admitted that his time during the conspiracy involved over $9.5 million in victim loss, that he used fake IDs to retrieve victim packages, and that he frequently relocated to various jurisdictions, including to the Southern District of California, to evade law enforcement.
“These victims weren’t foolish. They were lied to and exploited by a sophisticated criminal network,” said United States Attorney Adam Gordon, “Stopping fraud takes an online village. We’ll keep prosecuting aggressively, but with friends to our cause like Ash and Art, we can do even more.”
“Fraud schemes like this do far more than steal money. They rob victims of their peace of mind, their trust, and their sense of security,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “Chen played a key role in a sophisticated scheme that targeted vulnerable older Americans and generated millions of dollars in illicit proceeds. Today’s sentence reflects the unwavering commitment of FBI San Diego and our law enforcement partners to protect seniors and ensure those who exploit them for profit are identified, investigated, and brought to justice.”
Before pronouncing the 78-month sentence, U.S. District Judge Robert S. Huie stated: Chen “engaged in extensive course of conduct in stealing from some of the most vulnerable people here in the United States.” Judge Huie acknowledged that the money taken from elderly victims was “more than just money” and included “people’s self-respect, their dignity, trust with their family members,” emphasizing that what victims endured involved “desperation in the last years of somebody’s life” and was a “tragic thing to suffer.”
Investigators identified over 2,000 elderly victims from throughout the country, including victims in San Diego, who were defrauded and who suffered more than $27 million in losses over an approximately two-year period between 2021-2023. Victims were in their 70s and 80s. Chen also admitted that he and his co-conspirators laundered fraud proceeds through cryptocurrency to transfer funds to foreign-based counterparts, to pay co-conspirators, and to fund travel to retrieve cash packages sent by victims, including trips to Las Vegas, Nevada.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Kevin Mokhtari.
DEFENDANT Case Number 24-cr-1317-RSH-02
Jiandong Chen, aka “Little Tiger” Age: 42 Los Angeles, CA
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Commit Mail and Wire Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1349, 2326
Maximum Penalties: Forty years in prison; $1 million fine
Conspiracy to Launder Monetary Instruments – Title 18, U.S.C., Section 1956(a)(1)(A)(i), 1956(a)(1)(B)(i) and 1956(h)
Maximum Penalties: Twenty years in prison; maximum fine of $500,000 or twice the amount laundered
INVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
Federal Deposit Insurance Corporation – Office of Inspector General
Homeland Security Investigations
San Diego County District Attorney’s Office
San Diego County Sheriff’s DepartmentSan Diego Police Department
San Diego Elder Justice Task Force
Chino Police Department
Coronado Police Department
Escondido Police Department
Glendora Police Department
Long Beach Police Department
Orange County Sheriff’s Department
*The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendants are considered innocent unless and until proven guilty.
Mexican Drug Trafficker Pleads Guilty Using Minors, Aircraft to Smuggle Drugs into the United StatesRead the Press Release
SAN DIEGO – Marco Antonio Lopez-Guerrero, who was previously extradited from Mexico to the United States, pleaded guilty in federal court today following a Homeland Security Task Force investigation to charges of conspiring to import methamphetamine.
According to the plea agreement, Lopez-Guerrero led a Mexico-based drug trafficking organization that recruited juvenile girls and young adult women to smuggle methamphetamine into the United States. Lopez-Guerrero also admitted that his organization flew methamphetamine and fentanyl over the border in ultra-light aircraft. Lopez-Guerrero admitted that his organization smuggled more than 180 kilograms of methamphetamine, 19 kilograms of fentanyl, and two kilograms of heroin into the United States.
Lopez-Guerrero also admitted to orchestrating the smuggling of money, guns, and ammunition from the United States to Mexico.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Paul Benjamin. Former Assistant U.S. Attorney Lawrence Casper contributed significantly to the investigation and prosecution.
DEFENDANTS Case Number 20-cr-2054-JO
Marco Antonio Lopez-Guerrero Mexicali, Mexico
aka “Chapo”
aka “Marcos”
aka “Patron del Meloncillo”
aka “Marcos NM”
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Import Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Sections 952, 960, and 963
Maximum penalty: Mandatory minimum 10 years to life in prison
INVESTIGATING AGENCIES
Drug Enforcement Administration
Homeland Security Investigations
Imperial County Sheriff’s Department
U.S. Border Patrol – El Centro Sector
This investigation is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
Panga Boat Pilots Sentenced in Maritime Smuggling Event that Killed Four in Homeland Security Task Force CaseRead the Press Release
SAN DIEGO – Jesus Ivan Rodriguez Leyva and Julio Cesar Zuniga Luna, both Mexican nationals, were sentenced in federal court today to 70 months in prison for piloting a panga which overturned near Del Mar, California in May 2025, resulting in the deaths of two Mexican national adults and two minors, ages 14 and 10, from India.
“Today’s sentences reflect the serious consequences of placing greed above human life,” said U.S, Attorney Adam Gordon.
Panga with cracked engine held together by duct tape was recovered at the beach
“This sentencing follows an extensive investigation and the coordinated efforts of the Homeland Security Investigations (HSI) San Diego Marine Task Force and our law enforcement partners to hold human smugglers accountable for the devastating consequences of their actions,” said Kevin Murphy, Special Agent in Charge of HSI San Diego. “This case underscores the critical role of our partnerships in responding to maritime smuggling events, conducting complex investigations, and pursuing those who endanger lives for financial gain.”
“Human smuggling organizations continue to show a reckless disregard for human life,” said U.S. Border Patrol San Diego Sector Chief Patrol Agent Justin De La Torre. “This tragedy underscores the deadly consequences of maritime smuggling and our continued commitment, alongside our law enforcement partners, to hold those responsible accountable.”
Rodriguez and Zuniga pleaded guilty on April 14, 2026, to two counts of attempted bringing in illegal aliens resulting in death as well as two counts of attempted bringing in illegal aliens for financial gain. In a related case, three load drivers pleaded guilty to conspiring with others to transport and move aliens within the United States. Plea documents outlined an overarching conspiracy in which individuals in Mexico recruited drivers to assist in smuggling aliens into the United States by meeting maritime vessels transporting illegal aliens upon their arrival into the United States, concealing them in vehicles, taking them to load houses, and then further transporting them to their intended destinations within the United States. The load drivers coordinated with these Mexico-based co-conspirators as well as with co-conspirators in the United States. The load drivers have already been sentenced. Please see 25-cr-02056-BJC.
According to Rodriguez’s and Zuniga’s plea agreements, each admitted that they “piloted” the vessel from Mexico into the United States on May 5, 2025, with 19 aliens aboard, including three minors; that the vessel had no running lights or radio; was overloaded with more passengers than the panga could safely hold; and that the aliens aboard were only given trash bags to cover their clothes and were not properly outfitted for the voyage.
They further admitted that after the panga left Popotla, Mexico, the motor experienced issues and they were forced to return to their launch site where the motor was quickly repaired, and they set sail once again for the United States. According to the plea agreement, as the panga approached the beach in Del Mar, Rodriguez and Zuniga told the aliens to remove their life jackets to make it easier to exit the panga and run to waiting vehicles.
Unfortunately, when the panga was approximately 200 yards from United States shores, the motor yet again failed and the vessel capsized in the surf. Onlookers watched and filmed the event as law enforcement was notified. Homeland Security Investigations San Diego Marine Task Force, the U.S. Coast Guard, local lifeguards, and U.S. Border Patrol initiated a joint search and rescue operation. Ultimately, four undocumented aliens were located on the beach and were transported for medical care and three more were found deceased on the scene, including one minor.
On May 21, 2025, a human foot was found on the shoreline near Torrey Pines State Beach. A DNA test was conducted and it was determined to belong to a 10-year-old who had been on the panga, bringing the death toll to four.
During today’s hearing, U.S. District Judge Benjamin J. Cheeks told one of the defendants: “This case is a tragedy all around …As a result of your actions, there are four people who are no longer here on this planet. Four people who are no longer here to hold their family members, who are no longer here to enjoy life, to breathe the air.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Jill Streja, Sean Van Demark, Special Assistant U.S. Attorney Danielle Hickman and former Assistant U.S. Attorney Edward Chang.
DEFENDANTS Case Number 25cr2057-BJC
Julio Cesar Zuniga Luna Age: 32 Mexico
Jesus Ivan Rodriguez Leyva Age: 28 Mexico
SUMMARY OF CHARGES
Attempted Bringing in Aliens Resulting in Death – Title 8, U.S.C., Sections 1324(a)(1)(A)(i), (v)(II), and (a)(1)(B)(iv)
Maximum penalty: Death or Life in Prison and $250,000 fine
Bringing in Aliens for Financial Gain – Title 8, U.S.C., Section 1324(a)(2)(B)(ii)
Maximum penalty: Ten years in prison with a three-year mandatory minimum and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations – Marine Task Force
U.S. Border Patrol
U.S. Customs and Border Protection – Air and Marine Operations
United States Coast Guard
San Diego Lifeguard Service
San Diego County Medical Examiner’s Office
Man Sentenced to 14 Years for Attempting to Coerce a 15-year-old to Engage in ProstitutionRead the Press Release
SAN DIEGO – K’John Henry Sands II of Los Angeles was sentenced in federal court today to 168 months in prison for attempting to coerce a 15-year-old minor to engage in prostitution.
Sands pleaded guilty on August 25, 2026, to one count of Attempted Coercion and Enticement of a Minor. According to his plea agreement, Sands also admitted to video recording the minor performing oral sex on him.
As a part of his scheme, Sands instructed the minor regarding how much to charge for commercial sex dates, supplied the minor with condoms for the dates, and then collected the proceeds. Sands’ conduct came to the attention of the San Diego Human Trafficking Task Force when, on June 2, 2025, the National Center for Missing and Exploited Children sent information about an active MegaPersonals ad for what appeared to be a juvenile in the San Diego area. On June 3, 2025, investigators arranged a ruse commercial sex date and recovered the minor. Investigators then learned that the motel room in which the minor was staying had been rented by Sands.
“Those who prey on vulnerable children should know that law enforcement will pursue justice relentlessly,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“This sentence proves that combating the trafficking and exploitation of children remains an utmost priority at the California Department of Justice,” said California Attorney General Rob Bonta. “Crimes against children will never be tolerated in California, and together, we remain dedicated to holding perpetrators of child exploitation accountable. I am grateful for the hard work of my team in the San Diego Human Trafficking Task Force that made securing this prison sentence possible."
“This case reflects the strength of the San Diego Human Trafficking Task Force and its partner agencies, whose swift, coordinated, and victim-centered response helped safeguard a vulnerable child and bring the offender to justice,” said Kevin Murphy, Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations San Diego. “HSI remains committed to working with our law enforcement and community partners to protect children and support survivors of trafficking.”
In the government’s sentencing memo, prosecutors noted that the defendant was unconcerned with his victim’s age.“Mr. Sands’ intentions were clear: (The victim) was expected to make Mr. Sands money… It apparently did not matter that (she) was just 15 years old.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Derek Ko, with prior assistance from Assistant U.S. Attorney Lyndzie M. Carter.
If you believe you or someone you know has been a victim of human trafficking, investigators ask that you contact the San Diego Human Trafficking Task Force at 1-888-373-7888 or text 233733.
DEFENDANT Case Number 25cr03258-BJC
K’John Henry Sands II Age: 26 Los Angeles, CA
SUMMARY OF CHARGES
Attempted Coercion and Enticement of a Minor, 18 U.S.C., Section 2422
Maximum penalty: Life imprisonment with a 10-year mandatory minimum; $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
San Diego Human Trafficking Task Force
San Diego Sheriff’s Office
Homeland Security Investigations
The San Diego Human Trafficking Task Force is a cooperative effort involving the California Department of Justice, California Department of Corrections and Rehabilitation, California Highway Patrol, Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, National City Police Department, Naval Criminal Investigative Service, San Diego City Attorney’s Office, San Diego County District Attorney’s Office, San Diego County Probation Department, San Diego County Sheriff’s Department, Chula Vista Police Department, San Diego Police Department, Southwest Border High Intensity Drug Trafficking Area, and the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California.
This case is the result of the ongoing efforts of the Special Victims Unit. Formed in April 2025, the SVU is tasked with leading collaborations between federal and local law enforcement in the investigation and prosecution of cases involving sex trafficking and child exploitation, civil rights, and labor trafficking. The SVU oversees the Southern District of California liaisons to the San Diego Human Trafficking Task Force and Project Safe Childhood
U.S. Attorney’s Office Filed 93 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 93 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On October 31, 2026, Ivan Darali Sierra-Moreno, a Mexican citizen, was arrested and charged with Bringing in Aliens for Financial Gain. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered two individuals in a compartment located in the rear cargo area of the Mitsubishi Eclipse the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On October 31, 2026, Aaron Sanchez Nunez, a Mexican citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 168 pounds of methamphetamine concealed in the floor and rear quarter panels of the 2014 Ford Escape the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- November 3, 2026, Jonathan Juarez, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 63 pounds of fentanyl concealed in the gas tank of the 2024 Nissan Frontier he was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Man Sentenced to 21 Years for Recruiting, Prostituting and Repeatedly Beating and Whipping 18-Year-Old GirlRead the Press Release
SAN DIEGO – Sedrick Shamall Jackson was sentenced in federal court today to 260 months in prison for sex trafficking a young woman through force, fraud, and coercion following a years-long pattern of manipulation, violence, and exploitation.
“Human traffickers who use fear, manipulation, and brutality to control their victims can expect lengthy federal prison sentences,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“This sentence holds Jackson accountable and sends a clear message that HSI and our law enforcement partners will pursue those who exploit and brutalize victims,” said Kevin Murphy, Special Agent in Charge of Homeland Security Investigations (HSI) San Diego. “We remain committed to identifying trafficking survivors, supporting their path to safety and bringing their exploiters to justice.”
According to court documents and evidence presented to the court, Jackson recruited the victim when she was 18 years old and quickly established a controlling relationship that evolved into commercial sexual exploitation. Jackson taught the victim how to engage in prostitution, dictated where and how she worked, controlled all earnings generated from her commercial sex acts, and subjected her to repeated acts of physical violence, when she failed to meet his demands.
The evidence showed that Jackson transported the victim across multiple states, including Nevada, California, and Arizona, where he profited from her commercial sex acts. He controlled nearly every aspect of the victim's life, including where she lived, where she worked, the prices she charged, and how she advertised sexual services online.
Throughout the trafficking scheme, Jackson repeatedly assaulted the victim. Court records describe numerous instances in which he punched, kicked, whipped, and otherwise physically abused her, sometimes for days, causing significant injuries. The abuse was often accompanied by psychological manipulation designed to maintain control over the victim and discourage her from leaving.
On August 29, 2024, the victim fled Jackson and reported to officers with the National City Police Department that she was being sex trafficked. Even after she sought help from law enforcement, Jackson continued attempting to exert control over her through phone calls, manipulation, and threats.
Evidence presented at sentencing also showed that Jackson continued abusing the victim after she later returned to him. In October 2025, the victim escaped from an apartment in Denver after enduring another prolonged assault. She fled without shoes, a phone, or identification and sought help by calling 911. Responding officers documented extensive injuries consistent with the abuse described by the victim.
In imposing a sentence above the advisory federal sentencing guideline range, Judge Robinson cited the victim's youth, the extreme and repeated violence inflicted upon her, and the serious bodily injuries she suffered. The court also considered Jackson's criminal history, including prior convictions involving violent offenses against women.
DEFENDANT Case Number 25-cr-4580-TWR
Sedrick Jackson Age: 27 Detroit, MI
SUMMARY OF CHARGES
Count 1 – Conspiracy to Commit Sex Trafficking by Force, Fraud and Coercion - Title 18, U.S.C., Section 1594(c)
Maximum penalty: Life in prison; a maximum $10 million fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations, San Diego
San Diego Sheriff’s Office
Homeland Security Investigations, Denver
Homeland Security Investigations, Las Vegas
Los Angeles County Sheriff’s Department
Las Vegas Metro Police Department
Denver Police Department
Denver District Attorney’s Office
Arizona Department of Public Safety
Mohave County District Attorney’s Office
The San Diego Human Trafficking Task Force is a cooperative effort involving the California Department of Justice, California Department of Corrections and Rehabilitation, California Highway Patrol, Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, National City Police Department, Naval Criminal Investigative Service, San Diego City Attorney’s Office, San Diego County District Attorney’s Office, San Diego County Probation Department, San Diego County Sheriff’s Department, San Diego Police Department, Southwest Border High Intensity Drug Trafficking Area, and the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California.
This case is the result of the ongoing efforts of the Special Victims Unit. Formed in April 2025, the SVU is tasked with leading collaborations between federal and local law enforcement in the investigation and prosecution of cases involving sex trafficking and child exploitation, civil rights, and labor trafficking. The SVU oversees the Southern District of California liaisons to the San Diego Human Trafficking Task Force and Project Safe Childhood.
Former Police Officer Admits Failing to Report Death and Pocketing Nearly $300,000 in Stolen Government BenefitsRead the Press Release
SAN DIEGO – Ivan Alonso Rodriguez of El Cajon pleaded guilty in federal court today, admitting that he failed to report the death of a former coworker to the government, and pocketed almost $300,000 in federal benefits intended for the deceased man.
Rodriguez and the deceased coworker, identified in court documents as R.J.W., had worked together as police officers at Naval Base San Diego Security Department until R.J.W.’s retirement. In his plea agreement, Rodriguez admitted that in 2013, R.J.W. designated him as the sole trustee of his living trust, gave Rodriguez power of attorney over his affairs, and added Rodriguez as a co-signatory to the bank account where R.J.W. was receiving retirement benefit payments from the Social Security Administration and the Office of Personnel Management.
In 2016, R.J.W. died in Baja California, and despite receiving news about the death, Rodriguez did not report it to either the government or the bank. As a result, the Social Security Administration and Office of Personnel Management continued to make payments intended to benefit R.J.W. that would otherwise have ceased at the time of R.J.W.’s death. From May 2016 through September 2025, Rodriguiez received more than $200,000 in Retirement Insurance Benefits, $85,000 in Federal Employees Retirement System benefits, and $3,200 in Economic Impact Payments intended to benefit R.J.W. Rodriguez admitted in his plea agreement that he converted this stolen public money to his own use and benefit.
Rodriguez is scheduled to be sentenced on February 12, 2027, at 8:30 a.m. before U.S. District Judge Jinsook Ohta.
This case was prosecuted by Special Assistant United States Attorney Jeffrey D. Hill.
DEFENDANT Case Number: 26-CR-04295-JO
Ivan Alonso Rodriguez Age: 47 San Diego
SUMMARY OF CHARGES
Receipt, Concealment, and Retention of Stolen Public Money – Title 18, U.S.C., Section 641
Maximum penalty: Ten years in prison and $250,000 fine or twice the gross gain or loss from the offense, whichever is greater
INVESTIGATING AGENCIES
Social Security Administration – Office of the Inspector General
On April 7, the Department of Justice announced the creation of the National Fraud Enforcement Division ('Fraud Division'). The Fraud Division is laser-focused on investigating and prosecuting those who commit fraud against the American people. The Department’s work to combat fraud supports President Trump’s Task Force to Eliminate Fraud, a whole-of-government effort chaired by Vice President J.D. Vance to eliminate fraud, waste, and abuse within Federal benefit programs.
Man Sentenced for Defrauding Victims in “ADU” Investment SchemeRead the Press Release
SAN DIEGO – Ethan Joseph Sanchez was sentenced in federal court today to 63 months in prison for orchestrating a fraud scheme in which he stole over $8.2 million from victims by tricking them into investing in bogus plans to build accessory dwelling units.
U.S. District Judge Robert S. Huie also ordered Sanchez to forfeit over $8.2 million and to pay restitution to victims.
Sanchez, a Certified Public Accountant during the scheme, admitted in his plea agreement to lying to victims repeatedly to convince them to loan money to him and his business entity, BSC Equity Ventures, LLC Sanchez’s lies included that victims’ money would be used to fund real estate transactions, like building accessory dwelling units (“ADUs”) on specified properties, and that he would promptly return both principal and interest to victims. Unbeknownst to the victims, Sanchez did not fund any real estate transactions or build any ADUs, rarely returned any money, and instead lost the money via risky day trades.
Several victims spoke at the sentencing hearing today. One described the pain that Sanchez had caused him and praised law enforcement: “He was caught by the FBI, thank God.”
In imposing sentence, Judge Huie noted that Sanchez’s scheme was “aggravated and reprehensible,” and that Sanchez used victims to recruit other victims—sometimes their own family members. Judge Huie described the “almost unimaginable” harm Sanchez had caused victims by stealing the money they had earned, and that the harm was moving, heartbreaking, and much greater than just financial loss.
“Ethan Sanchez exploited the trust of hardworking people and stole their savings through lies and fabricated investments,” said U.S. Attorney Adam Gordon. “This sentence reflects the profound harm he caused.”
“Ethan Sanchez betrayed the trust of innocent investors and stole their hard‑earned savings through calculated lies,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. "Today’s sentence underscores the FBI’s commitment to pursuing those who exploit members of our community for personal gain. We will continue working with our partners to ensure fraudsters are held accountable and victims receive justice.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Eric R. Olah, with prior assistance from Assistant U.S. Attorney Sarah Akhtar.
DEFENDANT Case Number 25-cr-04062
Ethan Joseph Sanchez Age: 30 San Diego, CA
SUMMARY OF CHARGES
Wire Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1343
Maximum penalty: Twenty years in prison; $250,000 fine or twice the gross gain or loss
Money Laundering – Title 18, U.S.C., Section 1957
Maximum penalty: Twenty years in prison; $250,000 fine or twice the gross gain or loss
INVESTIGATING AGENCY
Federal Bureau of Investigation
Forty-two Alleged Gang Members and Associates Charged with Trafficking Fentanyl and Methamphetamine Following Homeland Security Task Force InvestigationRead the Press Release
SAN DIEGO – Four federal grand jury indictments charge 42 alleged members and associates of various San Diego County street gangs, including an increasingly violent and sophisticated Poway gang called Varrio Hidden Hills, with distributing large amounts of methamphetamine and fentanyl.
In a coordinated takedown on Wednesday and Thursday, hundreds of FBI agents, members of the North County Regional Gang Task Force and federal, state, and local law enforcement officials arrested 35 defendants and executed 10 search warrants on homes and vehicles in Poway, Lemon Grove, San Diego, National City, Chula Vista, Imperial Beach, El Cajon, Oceanside, Escondido, Vista, Temecula, Murrieta, Riverside, and Tulare. As of 2:30 p.m. today, seven defendants were still being sought. Authorities seized drugs, guns, ammunition and cash during the takedown and throughout the two-year investigation.
FBI agents came under fire while serving an arrest warrant at 6:10 a.m. Wednesday at a home in Lemon Grove. After agents identified themselves pursuant to standard protocol, multiple shots were fired in their direction from inside the residence through the front door and front window. No one was hit, and FBI agents retreated to safety after briefly returning fire. Tactical law enforcement personnel responded, and the target of the arrest warrant was taken into custody after coming out of the residence. The shooting is under investigation.
“These arrests strike at the heart of this violent, sophisticated, Mexican Mafia connected criminal gang,” said U.S. Attorney Adam Gordon, “The dangers our agents faced is a troubling reminder of the threats gang members pose, but also, the courage of those who confront them. We are grateful every agent is going home to their loved ones.”
“Cases like this are only possible because of the outstanding partnerships across our federal, state, and local law enforcement community,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “Working together, we dismantled a violent criminal operation led by an assessed gang leader with suspected cartel associations, responsible for moving dangerous narcotics into our neighborhoods. This investigation also showed the level of violence these groups are willing to use when our agents came under fire while working to protect this community. Through unwavering teamwork, we stopped a network driving deadly drugs and violence into our neighborhoods. We will continue to use every lawful tool available to stop those threatening the safety of the people we serve.”
“San Diego continues to be safer because of the law enforcement partnerships we have in this region. The deputies, analysts and Sheriff leadership assigned to the North County Gang Task Force contributed their dedication and talents to this very complex case involving dozens of defendants in an investigation that crossed borders and multiple jurisdictions,” said San Diego County Sheriff Kelly Martinez. “I commend all the agencies and investigative teams involved in this effort and I’m grateful to see these dangerous individuals facing criminal consequences for their actions.”
“This operation highlights the strength of collaboration among local, state, and federal law enforcement agencies in combating violent crime, dismantling criminal organizations, and removing dangerous drugs from our communities,” said CHP Chief Brandon Shipwash. “As California’s state police, the CHP remains committed to working alongside our law enforcement partners, utilizing our statewide resources and investigative expertise to hold those responsible accountable and protect the communities we serve.”
“We extend our sincere appreciation to our federal partners for their outstanding cooperation, coordination, and commitment throughout this operation and successful takedown,” said Oceanside Chief of Police Taurino Valdovinos. “This operation sends a clear message: criminal activity will not be tolerated in San Diego County, and we remain committed to working together to hold those who threaten our communities accountable.”
The arrests arise out of an FBI investigation that was initiated in mid-2024 into the Varrio Hidden Hills criminal street gang and associated illegal activity in Poway - specifically a senior-ranking documented member of the gang, John Marquez, and his associates. The investigation quickly expanded to all of San Diego County and other parts of California due to the expansive and overlapping criminal networks.
During the two-year investigation, FBI agents and task force members learned that Marquez was the alleged leader of an international drug-trafficking organization and was associated with the Mexican Mafia. Marquez allegedly organized a multi-tiered distribution scheme using other San Diego County gang members and associates as distributors. Marquez oversaw separate chains of supply, set pricing, and collected drug proceeds to take back to his sources of supply in Mexico, according to court documents. He travelled continuously to and from Mexico to meet with his cartel-linked sources of supply and facilitate the importation of narcotics into the United States.
The Mexican Mafia, a.k.a. “La Eme,” is a U.S.-based prison gang that has immense control over Hispanic street gangs in Southern California, directing illegal activities from prisons and collecting a portion of the proceeds from drug trafficking, illegal gambling, and other crimes committed on the streets. In addition to control over U.S.-based street gangs, the Mexican Mafia has ties to foreign terrorist organization (FTO)-designated criminal networks, including the Sinaloa Cartel, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), and Mara Salvatrucha 13 (MS-13).
The investigation uncovered an extensive operation funneling various narcotics from drug trafficking networks based in Mexico across the border and into San Diego and surrounding communities for further distribution.
According to court documents, many of the defendants have criminal records that include robberies, assaults, and other violent and dangerous conduct.
The evidence also reflected that Marquez continually collected drug proceeds from his sub-distributors to send back to his sources of supply in Mexico. For example, in one series of communications with one of his primary sources of methamphetamine and fentanyl, Marquez advised that he was preparing to go down to Mexico to pick up fentanyl and stated, “I have to count some money and send it to Sinaloa.”
Court documents said Marquez’s organization earned substantial profits; the evidence reflected that Marquez regularly supplied methamphetamine at a price of between $750-$900 per pound, in addition to his profits from dealing fentanyl – which he worked with others to import for a price of $12,500 to $13,000 per kilogram.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Jill Streja and Shivanjali A. Sewak.
DEFENDANTS Case Number 26cr3883
Name AgeCityJohn Marquez aka Guero49PowayFUGITIVE51MexicoFUGITIVE51MexicoNino Ernesto Resendiz Leyva49San DiegoKevin Plowman59San DiegoChristopher Childers62National CityGabriel Romo44OceansideDavid Cobb49San DiegoFrancisco Garcia aka Beaver53National CityFUGITIVE64San DiegoFUGITIVE55San DiegoGuadalupe Gutierrez aka Boxer61TulareJames Stewart aka Beatle54San DiegoJon Carlson65Imperial BeachFUGITIVE48National CityMichelle Declercq aka Shelly34EscondidoNicholas Crum36EscondidoEmily Rybar49PowayAnthony Villaescusa36Chula VistaAaron Hill33LakesideRobert Headrick51San DiegoGina Del Carmen52OceansideSUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Methamphetamine and Fentanyl – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (A) (viii), 841 (b) (1) (B) (vi) and 846
Distribution of Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (A) (viii), 841 (b) (1) (B) (vi) and 846
Distribution of Fentanyl – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (B) (vi)
Distribution of Cocaine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (A) (viii), 841 (b) (1) (B) (ii)
Possession with Intent to Distribute Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (A) (viii), 841 (b) (1) (B) (viii) and 846
Possession with Intent to Distribute Fentanyl – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (B) (vi)
Possession with Intent to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1), 841 (b) (1) (B) (ii)
DEFENDANTS Case Number 26cr3887
Name AgeCityGabriel Romo44OceansideWilliam Kidwell Jr.44MurrietaMoises Quinones40RiversideReyna Pompa37RiversideFUGTIVE49Valley CenterNicole Solis43OceansideSheldon Hollins66OceansideFUGITIVE33OceansideJonathan Zittle48OceansideBrian Keller46TemeculaFUGITIVE42VistaErica Martinez41OceansideAbigail Garavaglia26OceansideSUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1); 841 (b) (1) (A) (viii) and 846
Conspiracy to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1) and 846
Distribution of Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Sec. 841(a)(1) and 841 (b) (1) (A) (viii)
Distribution of Cocaine – Title 21, U.S.C., Sec. 841(a)(1)
Possession with Intent to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Sec. 841(a)(1)
Possession with Intent to Distribute Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1); 841 (b) (1) (A) (viii) and 846
DEFENDANTS Case Number 26cr3886
Name AgeCityKevin Plowman59San DiegoJohn Goulet70VistaFUGITIVE55San DiegoKeith Tibbetts44San DiegoFUGITIVE48San DiegoKora Kinkade51El CajonCatherine Loyd-Sledge43El CajonMary Wooten54San DiegoSUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Methamphetamine and Fentanyl – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1) and 841 (b) (1) (A) (viii) and 846
Distribution of Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Sec. 841(a)(1) 841 (b) (1) (A) (viii) and 846
Possession with Intent to Distribute Methamphetamine – Title 21, U.S.C., Sec. 841(a)(1) 841 (b) (1) (A) (viii)
DEFENDANT Case Number 26cr3884
Name AgeCityJuan Ezequiel Gonzalez Garcia35MexicoSUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Methamphetamine and Fentanyl – Title 21, U.S.C., Secs. 841 (a) (1) and 841 (b) (1) (A) (viii) and 846
INVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
San Diego County Sheriff’s Office
California Highway Patrol
Oceanside Police Department
Carlsbad Police Department
California Department of Corrections and Rehabilitation
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives
Homeland Security Investigations
U.S. Customs and Border Protection
San Diego Imperial Valley High Intensity Drug Trafficking Area
National City Police Department
San Diego Police Department
Riverside Sheriff’s Office
San Bernardino Sheriff’s Office
Tulare County Sheriff’s Office
U.S. Marshals Service
*Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
This case is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) program, created by Congress with the Anti-Drug Abuse Act of 1988, provides assistance to Federal, state, local, and tribal law enforcement agencies operating in areas determined to be critical drug-trafficking regions of the United States. This grant program is administered by the Office of National Drug Control Policy (ONDCP). There are currently 33 HIDTAs, and HIDTA-designated counties are located in 50 states, as well as in Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and the District of Columbia.
Alleged Engineer of CJNG Cartel’s Cross-Border Tunnel Indicted for Providing Material Support to Foreign Terrorist OrganizationRead the Press Release
SAN DIEGO – A federal grand jury returned an indictment today charging Mexican engineer Luis Manuel Hernandez Victoria with designing and constructing a sophisticated cross-border subterranean drug tunnel for the Cártel de Jalisco Nueva Generación, a Mexican syndicate which the U.S. government has designated as a foreign terrorist organization.
The indictment charges Hernandez, also known as “El Ingeniero” (the Engineer), with providing material support to a foreign terrorist organization; conspiracy to construct or finance a cross-border tunnel; conspiracy to use a cross-border tunnel to import controlled substances; and conspiracy to import controlled substances.
“Hernandez engineered his own downfall,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“Today’s indictment underscores the relentless commitment of Homeland Security Investigations and our HSTF partners to dismantling the transnational criminal organizations that threaten our national security,” said Kevin Murphy, Special Agent in Charge, HSI San Diego. “By utilizing every resource at our disposal through the Homeland Security Task Force, HSI will continue to bring the cartel leaders and architects of cross-border smuggling tunnels like Hernandez to justice.”
According to public reports, Hernandez was arrested in the state of Jalisco on October 15, 2026. Mexican authorities seized weapons and narcotics at the time of Hernandez’s arrest.
The indictment alleges Hernandez’s involvement in constructing the tunnel found inside a retail store at 2498 Roll Drive, Suite E in San Diego on May 29, 2026, for the benefit of the CJNG, which was designated a foreign terrorist organization on February 20, 2025.
At the time the tunnel was discovered, federal law enforcement seized over one ton of cocaine estimated to be worth more than $45 million USD. Hernandez is the seventh person to be charged in connection with the tunnel. The investigation is ongoing.
The subterranean passageway stretching from Tijuana, Mexico to the purported retail store near the Otay Mesa Port of Entry known as “Buy 4 Less,” was estimated to be about 1,933 feet long, 55 feet deep and 4.5-feet in height, with reinforced walls, rail and ventilation systems and electricity.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Michael Deshong and Jordan Arakawa.
DEFENDANT
Luis Manuel Hernandez Victoria Age: 60 Guadalajara, Mexico
Aka “El Ingeniero”
Aka “El Inge”
Aka “Nalgon”
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Construct or Finance Cross-Border Tunnel—Title 18, U.S.C., Section 555(a) and (d)
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine
Conspiracy to Use Cross-Border Tunnel to Import Controlled Substances—Title 18, U.S.C., Section 555(c) and (d)
Maximum penalty: Life in prison and $10,000,000 fine
Conspiracy to Import Controlled Substances—Title 21, U.S.C., Sections 952, 960, and 963
Maximum penalty: Life in prison and $10 million fine
Providing Material Support to Foreign Terrorist Organization—Title 18, U.S.C., Section 2339B(a)(1)
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
U.S. Border Patrol
San Diego County Sheriff’s Office
U.S. Customs and Border Protection
Drug Enforcement Administration
California Department of Justice
Federal Bureau of Investigation
*Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
This case is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) program, created by Congress with the Anti-Drug Abuse Act of 1988, provides assistance to Federal, state, local, and tribal law enforcement agencies operating in areas determined to be critical drug-trafficking regions of the United States. This grant program is administered by the Office of National Drug Control Policy (ONDCP). There are currently 33 HIDTAs, and HIDTA-designated counties are located in 50 states, as well as in Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and the District of Columbia.
Final Defendants Plead Guilty in $65 Million Multinational Fraud Ring Targeting Thousands of SeniorsRead the Press Release
SAN DIEGO – The last of 25 defendants in a $65 million fraud scheme that preyed on thousands of elderly victims in San Diego and beyond admitted their crimes on Friday, marking a significant step toward accountability in the sprawling international case that was bolstered by YouTube scambaiters.
The 25 defendants – mostly Chinese nationals – were arrested in August 2025 after a nationwide, weeklong takedown in California, New York, Texas and Michigan. Three charged defendants remain fugitives.
Haotian Zhang and Zetian Zhang pleaded guilty in federal court on Friday. Haotian Zhang, a Chinese national, was remanded into custody by U.S. District Judge Todd W. Robinson following his guilty plea.
Over the past few months, eight other defendants charged as part of the investigation—Guangli Lin, Cheng Li, Weining Su, aka “Ning Ma,” Hongsen Cao, Xinyu Shao, Renchao Chen, Dexiao Lin, Zhiyi Zhang—have also pleaded guilty in federal court for their roles in the same fraud and money laundering scheme, and two defendants—Huajian Chen and Jianhao Gao—recently pleaded guilty to operating an unlicensed money transmission business.
Videos by YouTubers from Scammer Payback and Trilogy Media helped law enforcement identify multiple defendants and uncover the structure of the fraud conspiracy. Indeed, in their respective plea agreements, defendants Zhiyi Zhang and Huajian Chen, shown below, admitted to being in YouTube videos in which they were confronted about their involvement in the charged criminal activity.
Operating since at least 2019 and rooted in Southern California, the criminal network—primarily composed of Chinese nationals, many in the U.S. illegally—worked closely with India-based scam call centers. Fraudsters who took the calls posed as technical support agents, government officials, or bank employees, according to court records. Once a victim had been defrauded, victims were instructed to withdraw bulk cash, to conceal the cash in packages, and to send cash-laden packages via express mail carriers to names and addresses provided by the conspirators. The recipient names were fictitious names corresponding with fake IDs. The recipient addresses were for the short-term rental locations.
In their respective plea agreements, defendants admitted that to facilitate receipt of victim packages, members of the conspiracy booked short-term rentals in a hub-and-spoke pattern: a hub would be booked for approximately one week; spoke locations would be booked nearby for shorter stays. After some time, members of the conspiracy would relocate to a new location and continue the pattern.
In August 2025, federal agents coordinated a sweeping nationwide takedown of the investigation, including arrests in Southern California, Texas, Michigan and New York. The investigation started in December 2020 after an elderly victim contacted an express mail carrier after being defrauded into sending bulk cash in the mail. That led to the discovery of 11 total packages, containing approximately $135,000 in cash. Each of the packages was addressed to a fake name and a short-term rental in the San Diego area.
The investigation also led to the discovery of several YouTube videos posted in 2020 and 2021 that helped identify other members of the conspiracy. YouTuber Pierogi from “Scammer Payback”— which is known for exposing scammers—documented his interaction with the India-based scam call centers. In a series of videos, Pierogi from Scammer Payback teamed up with two other YouTubers from “Trilogy Media” to publish videos on their respective YouTube channels.
In coordinated sting operations, Scammer Payback and Trilogy Media baited fraudsters, confronted them on camera, and published those videos to their respective YouTube channels. Videos posted in 2020 and 2021 helped law enforcement identify Zhiyi Zhang, Dudu Chen and Huajian Chen. The videos also helped shed light on how the conspiracy operated and led to the identification of high-level members of the organization.
After defrauding victims, members of the conspiracy also laundered the proceeds of the fraud scheme. Specifically, members of the conspiracy set up the operation to conceal the fact that the cash-laden packages were obtained through fraud. Members of the conspiracy also used the proceeds of the fraud scheme to pay other members of the conspiracy and to compensate them for travel expenses used to further the fraud scheme.
Sentencing hearings for each of the defendants are scheduled before U.S. District Judge Todd W. Robinson as set forth below.
DefendantNext EventDate/Time25-cr-1097-TWR Hua WangSentencing HearingNovember 20, 2026, at 9:30 a.m.Weining SuSentencing HearingNovember 20, 2026, at 9:30 a.m. 25-cr-1762-TWR Hongsen CaoSentencing HearingDecember 4, 2026, at 9:30 a.m. 25-cr-1765-TWR Xiao Lei XuSentencing HearingDecember 11, 2026, at 9:30 a.m.Wen Chang WangSentencing HearingDecember 4, 2026, at 9:30 a.m.Jiawen CaiSentencing HearingNovember 20, 2026, at 9:30 a.m.Xinyu ShaoSentencing HearingJanuary 8, 2027, at 9:30 a.m.Zhuhan YinSentencing HearingJanuary 22, 2027, at 9:30 a.m.Ziyue ZhaoSentencing HearingDecember 11, 2026, at 9:30 a.m.Guangli LinSentencing HearingJanuary 8, 2027, at 9:30 a.m.Wenzhi ChenSentencing HearingNovember 6, 2026, at 9:30 a.m.Jiaxin WangSentencing HearingNovember 20, 2026, at 9:30 a.m.Renchao ChenSentencing HearingDecember 11, 2026, at 9:30 a.m.Haotian ZhangSentencing HearingJanuary 29, 2027, at 9:30 a.m.Yuhui SunSentencing HearingJanuary 22, 2027, at 9:30 a.m.Jiaxin JiangSentencing HearingNovember 20, 2026, at 9:30 a.m.Dexiao LinSentencing HearingNovember 13, 2026, at 9:30 a.m.Zhiyi ZhangSentencing HearingFebruary 19, 2027, at 9:30 a.m.Bing ShenSentenced70 months’ custodyZetian ZhangSentencing HearingJanuary 29, 2027, at 9:30 a.m.Huajian ChenSentencing HearingJanuary 15, 2027, at 9:30 a.m.Chongchong LiSentencing HearingDecember 11, 2026, at 9:30 a.m.Jianhao GaoSentencing HearingJanuary 8, 2027, at 9:30 a.m. 25-cr-2208-TWR Cheng LiSentencing HearingJanuary 8, 2027, at 9:30 a.m.21-CR-1454-TWR Na RongSentenced78 monthsThis case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Kevin Mokhtari and Special Assistant U.S. Attorney Katherine Rookard.
DEFENDANTS
Case Number 25-cr-1097-TWR
Hua Wang Age: 48 Flushing, NY
Weining Su, aka “Ning Ma” Age: 27 Flushing, NY
Case Number 25-cr-1762-TWR
Hongsen Cao, aka “Shawn Cao,” Age: 24 Los Angeles, CA
Case Number 25-cr-1765-TWR
Xiao Lei Xu, aka “Xiaolei Xu” Age: 39 Flushing, NY
Wen Chang Wang, Age: 26 Detroit, MI
Jiawen Cai, aka “Johnny Cai” Age: 28 Flushing, NY
Xinyu Shao Age: 27 Flushing, NY
Zhuhan Yin, aka “Iron Yin” Age: 30 Flushing, NY
*Fugitive
Ziyue Zhao, aka “Chris Zhao” Age: 30 Flushing, NY
Guangli Lin Age: 30 Flushing, NY
Wenzhi Chen Age: 23 Austin, TX
*Fugitive
Jiaxin Wang Age: 24 Flushing, NY
*Fugitive
Haotian Zhang, aka “Kevin Z” Age: 28 Flushing, NY
Dudu Chen, aka “Norris Chen” Age: 31 In Custody
Yuhui Sun, aka “Ian Sun” Age: 27 Flushing, NY
Jiaxin Jiang, aka “YiYi” Age: 26 In Custody
Dexiao Lin, aka “Prozac” Age: 27 Flushing, NY
Zhiyi Zhang, aka “Cream Pablo” Age: 29 Los Angeles, CA
Zhiwei Chen Age: 30 Levittown, NY
Bing Shen Age: 41 Flushing, NY
Zetian Zhang Age: 29 Flushing, NY
Huajian Chen, aka “Marco Chen”* Age: 24 Austin, TX
Chongchong Li Age: 29 Los Angeles, CA
Jianhao Gao, aka “Gh Ghao”* Age: 31 Flushing, NY
*Unnamed fugitives
Case Number 25-cr-2208-TWR
Cheng Li Age: 28 In Custody
SUMMARY OF CHARGES
Count 1 – Conspiracy to Commit Mail and Wire Fraud - Title 18, U.S.C., Sections 1349, 2326
Maximum penalty: Forty years in prison; a maximum $1 million fine
Count 2 – Conspiracy to Launder Monetary Instruments – Title 18, U.S.C., Section 1956(h)
Maximum penalty: Twenty years in prison; a maximum $500,000 fine or twice the amount of monetary instruments involved in the offense, whichever is greatest
*Defendants Huajian Chen and Jianhao Gao only
Operating Unlicensed Money Transmitting Business – Title 18, U.S.C., Sections 1960(a), (b)(1)(B)
Maximum penalty: Five years in prison; a maximum $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
Federal Bureau of Investigation
Internal Revenue Service-Criminal Investigation
San Diego County Sheriff’s Department
San Diego Law Enforcement Coordination Center
San Bernardino County Sheriff’s Department (SBSD)
San Diego County District Attorney’s Office
Mountain View (CA) Police Department
Florida Department of Law Enforcement (FLDE)
Alachua County (FL) Sheriff’s Department
Los Angeles Interagency Metropolitan Police Apprehension Crime Task Force (LA IMPACT)
Irvine (CA) Police Department
La Verne (CA) Police Department
Mesa (AZ) Police Department
Sarpy County (NE) Sheriff’s Department
U.S. Postal Inspection Service
*The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendants are considered innocent unless and until proven guilty.
For further information, see previous press release.
U.S. Attorney’s Office Filed 114 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 114 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On October 19, 2026, Cristian Jonathan Cortes, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 49 pounds of cocaine concealed in the doors of the 2010 Toyota Tundra the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On October 20, 2026, Marina Viviana Gary, a Mexican citizen and Permanent Resident of the United States, was arrested and charged with Bringing in Aliens for Financial Gain. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered an individual concealed under a plastic panel covering a non-factory sheet-metal compartment towards the rear of the vehicle. Further inspection revealed a second individual concealed in a modified spare tire well compartment. In order to remove the second individual from the spare well compartment, Customs and Border Protection officers had to unlatch and fold back the sheet metal. The two individuals were concealed in the Hyundai Santa Fe the defendant was driving as she applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On October 21, 2026, Benjamin Galindo, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of a Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 37 pounds of fentanyl concealed in the rear seats, center console, and roof of the vehicle of his 2005 Toyota Camry the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the Tecate Port of Entry.
- The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Tax Preparer Sentenced in $5 Million Tax FraudRead the Press Release
SAN DIEGO – San Diego CPA Oladapo Olagbemi was sentenced in federal court today to 18 months in prison for preparing false tax returns containing $5 million in improper deductions and credits that resulted in $1.5 million in losses to the public fisc.
Olagbemi, who managed San Diego-based D.A.O. Accounting, Consulting, and Taxation, pleaded guilty in June to four counts of aiding and assisting the preparation of false tax returns, admitting to multiple schemes between tax years 2019 and 2023 to help clients get illegitimate refunds by claiming business expenses, charitable gifts, and energy credits to which the taxpayers were not entitled. See this link for further information on the plea.
Olagbemi’s tax practice generated almost $1.2 million in gross revenue in 2025 alone. “He betrayed the trust of his clients,” Judge Montenegro observed at today’s hearing.
Olagbemi continued filing false returns even after he was investigated by the California Board of Accountancy, interviewed about his questionable practices by civil and criminal IRS agents, and his office was searched by federal agents as part of the investigation that led to charges in this case. He even filed at least one false tax return after pleading guilty in this case, while awaiting sentencing.
“Tax fraud may hide the truth for a moment, but justice always comes to collect,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“For years, Olagbemi abused his position as a trusted tax preparer by filing fraudulent returns designed to generate refunds to which his clients were not entitled, causing more than $1.5 million in tax losses. Even after being confronted by authorities and pleading guilty, he continued engaging in the same conduct,” said Darren Lian, Special Agent in Charge, IRS Criminal Investigation's Los Angeles Field Office. “Today’s sentence demonstrates that individuals who undermine the integrity of our tax system for personal gain will be held accountable.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Nicholas W. Pilchak.
DEFENDANT Case Number 26-CR-1982-RBM
Oladapo Olagbemi Age: 72 San Diego, CA
CHARGES
Aiding and Assisting in the Preparation of False Tax Returns, in violation of 26 U.S.C. § 7206(2)
Maximum Penalties: Three years in prison (per count); $250,000 fine or twice the gross gain or loss
INVESTIGATING AGENCY
Internal Revenue Service Criminal Investigation
U.S. Attorney’s Office Filed 111 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 111 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On October 11, Rafael Perez Rosario, a Mexican national, was arrested and charged with Deported Alien Found in the United States. According to a complaint, U.S. Border Patrol agents discovered Perez Rosario hiding in a bush in a remote area near the U.S.-Mexico border, approximately two miles east of the Otay Mesa Port of Entry. He was apprehended after a foot chase. Perez Rosario was previously being deported to Mexico on August 5, 2026.
- On October 12, Lemuel Muniz-Valle, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of a Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered approximately 115 pounds of methamphetamine concealed inside the doors, dashboard and fuel tank of the 2016 Honda Accord he was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On October 14, Summer Smith, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of a Controlled Substance. According to a complaint, Smith had 139 grams of fentanyl hidden under clothing as she attempted to cross the border at the San Ysidro Port of Entry pedestrian lanes.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Father and Daughter Admit Roles in Conspiracy to Violate Clean Air ActRead the Press Release
SAN DIEGO – Ricky Jesus Rodriguez and his daughter, Jasmine Rodriguez, pleaded guilty in federal court today, admitting they participated in a months-long conspiracy to smuggle banned refrigerants from Mexico into the United States on behalf of American air conditioning companies.
Ricky Rodriguez admitted that he was paid tens of thousands of dollars to coordinate the smuggling of R-22, a hydrochlorofluorocarbon long banned from production and import in the United States. He admitted that he recruited others, including his daughter, to join the smuggling ring, and helped coordinate her role as well.
R-22 is strictly regulated by an international treaty known as the Montreal Protocol that has been ratified by nearly every country. Hydrochlorofluorocarbons like R-22 have an extremely deleterious effect on the ozone layer. Stratospheric ozone forms a protective shield around the earth that absorbs the sun’s harmful ultraviolet radiation that otherwise causes skin cancer, eye damage, and environmental damage. R-22, when released into the atmosphere, destroys ozone, depletes the protective ozone layer, and reduces the atmosphere’s ability to block harmful UV radiation. R-22 had been used as a refrigerant until its use was phased out after these harmful effects were recognized.
Despite the ban, at least two HVAC companies recruited and paid Rodriguez, his daughter and other smugglers to hide tanks of R-22 in their cars and drive them across the border.
Ricky Rodriguez began smuggling R-22 in the summer of 2023. He admitted he smuggled the chemicals dozens of times, bringing five to ten tanks each time, earning thousands of dollars in smuggling fees.
Ricky Rodriguez recruited more smugglers to work for him and the HVAC companies. His daughter was a driver for the HVAC companies, collecting a smuggling fee for each tank of R-22 she brought into the United States from Mexico.
Ricky Rodriguez is scheduled to be sentenced on January 11, 2027, at 10 a.m. before U.S. District Judge Benjamin J. Cheeks. Jasmine Rodriguez entered into a plea agreement that allows her to defer entry of judgment if she meets conditions of release and remains on good behavior for a period of 12 months, after which her case would be dismissed.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California and the U.S. Environmental Protection Agency are members of the Department of Justice’s Trade Fraud Task Force, a cross-agency law enforcement effort that also involves the National Fraud Enforcement Division, the Criminal and Civil Divisions, the Energy and Natural Resources Division, the Department of Homeland Security, and U.S. Attorney’s Offices nationwide. The Task Force was created to leverage all of the Department’s tools and authorities to prevent trade fraud that deprives the government of vital revenue, threatens critical domestic industries, undermines consumer confidence, and weakens national security. The Task Force is designed to pursue enforcement actions against parties who seek to evade tariffs and other duties, as well as smugglers who seek to import prohibited goods into the American economy. The Justice Department encourages whistleblowers to alert the government to credible allegations of fraud, including utilizing the qui tam provisions of the False Claims Act or through the Criminal Division’s Corporate Whistleblower Program at CorporateWhistleblower@usdoj.gov using the form available here.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Eric Chiang and Emily W. Allen from the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California.
The Environmental Protection Agency – Criminal Investigations Division is investigating this case with assistance from Homeland Security Investigations.
DEFENDANTS
Ricky Jesus Rodriguez, Case No. 26-cr-4089-BJC Age: 47 San Diego, CA
Jasmine Rodriguez, Case No. 26-cr-4089-BJC Age: 24 San Diego, CA
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Violate the Clean Air Act – Title 18, U.S.C., Section 371
Maximum penalty: Five years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCY
U.S. Environmental Protection Agency
Homeland Security Investigations
Owner of Santee Trucking Company Pleads Guilty to $2 Million Credit Card Fraud and Identity Theft SchemeRead the Press Release
SAN DIEGO – Hasan Korkmaz, the owner and operator of San Diego Logistics Group Inc., a Santee trucking company, pleaded guilty in federal court today to all 18 counts of an indictment charging him with bank fraud, money laundering and aggravated identity theft.
According to his plea agreement, in 2022 and 2023, Korkmaz executed a credit card “bust-out” scheme—where fraudsters establish seemingly legitimate credit card accounts in other people’s names and then “bust out” by maxing out the credit line with no intention of paying the balance.
Korkmaz admitted that he obtained names, dates of birth, social security numbers and other personally identifiable information corresponding with real individuals. Korkmaz then applied for numerous credit card accounts with that information. After opening the fraudulent credit cards accounts, Korkmaz used the credit cards to incur charges at various businesses, including Korkmaz’s San Diego Logistics Group Inc. The charges were in the thousands of dollars each, including some charges as high as $18,500 in a single transaction.
To perpetuate the scheme, Korkmaz admitted that he also made fraudulent payments, with checks drawn on accounts with insufficient funds or drawn on non-existent accounts, to the credit card accounts, thereby temporarily restoring the available credit limits. Korkmaz would then incur additional charges on the credit card accounts at or near the maximum credit limits for the accounts. In total, Korkmaz caused over $2,103,000 in losses to two banks.
Korkmaz also laundered the bank fraud proceeds, including by transferring proceeds from the fraud scheme internationally to a bank account in Türkiye controlled by Korkmaz. As set forth in public filings, immediately after pulling off the sophisticated $2 million dollar credit card fraud scheme using stolen identities—targeting two banks and almost 100 individual victims—and laundering that money to bank accounts in Türkiye, Korkmaz absconded. There, in Türkiye, Korkmaz spent the next 18 months before ultimately returning to the United States, where he was arrested in June of 2025
A sentencing hearing is scheduled for January 8, 2027, at 9 a.m. before Judge James E. Simmons, Jr.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Kevin Mokhtari and Special Assistant U.S. Attorney Katherine Rookard.
DEFENDANT Case Number 25-cr-1405-JES
Hasan Korkmaz Age: 45 Las Vegas, NV
SUMMARY OF CHARGES
Counts 1-12 - Bank Fraud - Title 18, U.S.C., Section 1344(2)
Maximum penalty: Thirty years in prison; a maximum $1 million fine
Counts 13-14 - Money Laundering – Title 18, U.S.C., Section 1957
Maximum penalty: Twenty years in prison; a maximum $500,000 fine or twice the amount of monetary instruments involved in the offense, whichever is greatest
Counts 15-18 - Aggravated Identity Theft – Title 18, U.S.C. Section 1028A
Maximum penalty: Mandatory minimum sentence of two years in prison, to run consecutively to the specified felony
INVESTIGATING AGENCY
Federal Bureau of Investigation
U.S. Attorney’s Office Filed 99 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 99 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On October 3, 2026, Efrain Antonio Avalos, a United States citizen, was arrested and charged with Transportation of Illegal Aliens. According to a complaint, Border Patrol Agents attempted to conduct a vehicle stop on a Hyundai suspected of transporting illegal aliens. Defendant failed to yield and instead sped up to about 105 miles per hour. Border Patrol Agents deployed a vehicle immobilization device and the vehicle’s left tires made positive contact with the device. Defendant continued to flee at a high rate of speed, failed to stop at a stop sign and collided into an oncoming vehicle. The Defendant exited the vehicle after the collision Border Patrol Agents observed the material witness crawling away from the Hyundai with carpet coverings on his feet and his head covered in blood. The Hyundai then caught on fire.
- On October 5, 2026, Victor Hugo Gutierrez De La Torre, a Mexican citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 1,038 pounds of methamphetamine concealed in the fuel tank of the 2020 Volvo VNL 760 tractor the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the Otay Mesa Port of Entry.
- September 6, 2026, Justin Jimenez, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 91 pounds of Xanax concealed in the floorboards of his Volkswagen Jetta GLI the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
- On October 3, 2026, Efrain Antonio Avalos, a United States citizen, was arrested and charged with Transportation of Illegal Aliens. According to a complaint, Border Patrol Agents attempted to conduct a vehicle stop on a Hyundai suspected of transporting illegal aliens. Defendant failed to yield and instead sped up to about 105 miles per hour. Border Patrol Agents deployed a vehicle immobilization device and the vehicle’s left tires made positive contact with the device. Defendant continued to flee at a high rate of speed, failed to stop at a stop sign and collided into an oncoming vehicle. The Defendant exited the vehicle after the collision Border Patrol Agents observed the material witness crawling away from the Hyundai with carpet coverings on his feet and his head covered in blood. The Hyundai then caught on fire.
Man Sentenced for Role in Smuggling Organization that Kidnapped Migrants and Extorted Their Families; One Dead, Another Missing After Families Paid Ransoms in VainRead the Press Release
SAN DIEGO – Isaac Jimenez, a U.S. citizen residing in Tijuana, was sentenced in federal court today to 12 years in prison for his role in a human smuggling conspiracy whose members kidnapped migrants and extorted their families for ransom.
Two victims in unrelated kidnappings—a father of four U.S. citizen children and a 21-year-old woman from Tijuana—were never heard from again. The woman was found dead in Tijuana; the man is believed to have been killed in Mexico by Jimenez’s coconspirators.
Jimenez crossing the border to pick up ransom money from victim's wife
U.S. District Judge Janis L. Sammartino also ordered Jimenez to pay $24,500 in restitution to family members of the victims for funeral and related expenses and for a portion of the ransom payments made during the conspiracy.
Judge Sammartino imposed the sentence after the government detailed Jimenez’s extensive history of alien smuggling and his knowing participation in the Tijuana-based organization that used kidnapping, threats and violence against migrants who had paid to be smuggled into the United States.
“There’s a fantasy of human smugglers as being on the side of the vulnerable. Then there’s the truth: They are liars, blackmailers and killers. You want proof, keep reading,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“Today’s sentencing holds the defendant accountable for knowingly supporting a human smuggling organization that exploited vulnerable people through kidnapping, extortion, threats, and violence,” said Kevin Murphy, Special Agent in Charge of HSI San Diego. “Human smuggling networks profit from human suffering and show a callous disregard for the lives they endanger. HSI will continue working with our law enforcement partners on both sides of the border to identify, investigate, and dismantle those responsible for these crimes.”
At today’s hearing, Judge Sammartino described the case events as “the most deliberate and unnecessary loss of life I’ve seen in a very long time.” Addressing Mr. Jimenez, she said, “You preyed upon the most vulnerable people.”
Jimenez, who previously lived in Escondido before moving to Tijuana, had been involved in alien smuggling for years before joining the organization in 2024. He was convicted of alien-smuggling offenses in 2015 and 2017 and was arrested again in 2022 in connection with another smuggling investigation. In early 2024, after being released from custody in Mexico, Jimenez began working for members of a Tijuana-based organization, transporting migrants from the border area to locations in the United States for payment.
As Jimenez became more involved, he learned that the organization was holding migrants against their will and demanding additional payments from them and their families as a condition of their release. He also received photographs and videos depicting kidnappings and murders involving members of the organization. Despite this knowledge, Jimenez continued to participate in the conspiracy.
In September 2024, the organization agreed to smuggle C.G.C., a father of four U.S. citizen children who had previously resided in Southern California, into the United States from Mexico. Instead of being smuggled into the United States, C.G.C. was held captive in Mexico while his kidnappers demanded $30,000 from his family and threatened to kill him.
At the direction of his coconspirators, Jimenez collected $15,000 in ransom payments from C.G.C.’s wife, transported the money to Tijuana and delivered it to the kidnappers. Additional ransom demands followed, including demands for money and vehicles. When the family could no longer pay, the kidnappers threatened to provide the location of C.G.C.’s body. Communications eventually ceased. C.G.C. remains missing and, according to court documents, is presumed to have been killed in Mexico by Jimenez’s coconspirators.
Three months later, Jimenez agreed to coordinate the smuggling of V.A.E., a 21-year-old Mexican woman, for $7,000. Jimenez was to earn a $1,000 commission. Instead, his coconspirators took V.A.E. to a safe house and held her captive, demanding $30,000 from her family for her release. The kidnappers sent videos showing V.A.E. being threatened with firearms and beaten; they threatened to kill her if the ransom was not paid.
V.A.E.’s family eventually paid approximately $10,000, but she was never released. Her skeletal remains were discovered in the Tijuana area in November 2025 and were identified through DNA testing. According to court documents, V.A.E. was likely killed in Mexico by Jimenez’s coconspirators.
At today’s hearing, Judge Sammartino described the case events as “the most deliberate and unnecessary loss of life I’ve seen in a very long time.” Addressing Mr. Jimenez, she said, “You preyed upon the most vulnerable people.”
Even after the two victims disappeared, Jimenez continued working with the organization and coordinating smuggling operations. Investigators recovered messages from his phone reflecting his continued involvement and awareness of the organization’s use of threats and violence. In one exchange, Jimenez discussed an unidentified woman who was not cooperating and suggested taking her to an office. Other communications among members of the organization referred to making people disappear and torture. Investigators also recovered a video showing a man with his wrists bound as though he had been detained or kidnapped.
As part of his guilty plea, Jimenez admitted coordinating alien-smuggling events and collecting ransom payments from family members of migrants who were instead held captive by his coconspirators.
The case was investigated by Homeland Security Investigations and the Escondido Police Department. Assistant U.S. Attorney Robert J. Miller and former Special Assistant U.S. Attorneys Alex Biggs and Samson Schatz prosecuted the case.
DEFENDANT Case Number 25cr2648-JLS
Isaac Jimenez Age: 30 San Diego, CA
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Bring in Certain Aliens – Title 18, U.S.C., Section 371, and Title 8, U.S.C., Section 1324(a)(2)(B)(ii)
Maximum penalty: Five years in prison and $250,000 fine
Bringing in Aliens for Financial Gain – Title 8, U.S.C., Section 1324(a)(2)(B)(ii)
Maximum penalty: Ten years in prison (and a mandatory minimum three years) and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCY
Homeland Security Investigations
This investigation is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
Ten-Time Convicted Scammer Pleads Guilty to $1.8 Million Romance Fraud Scheme Targeting Two Elderly WomenRead the Press Release
SAN DIEGO – Troy Clinton Van Sickle, a resident of Temecula, pleaded guilty in federal court today, admitting that he stole more than $1.8 million from two elderly women he claimed to be romantically interested in, and then obstructed federal law enforcement efforts to investigate the fraud scheme.
According to his plea agreement, Van Sickle targeted a wealthy divorced woman in Los Angeles and cultivated what appeared to be a romantic relationship in order to gain access to her finances. Van Sickle concealed his criminal history, which included convictions for fraud, theft, extortion, and perjury, and instead portrayed himself as a trustworthy and successful businessman.
After gaining the victim’s confidence, Van Sickle claimed he was facing financial hardship and needed money from the victim to pursue business deals and investment opportunities. He promised to repay the funds promptly and share future profits.
But it was all a lie. Van Sickle did not intend to repay the woman. He admitted that he used her money to enrich himself and others and to pay for personal expenses, including to make payments on luxury cars, gamble at casinos, and send money to other women.
According to his plea agreement, Van Sickle created a fake miniature replica car company and provided the woman a fake multi-million-dollar contract between the company and Lotus Cars to give the impression that his company was legitimate. The woman sent the contract to her financial advisor and wired $150,000 to Van Sickle to fund the purported agreement. Van Sickle then used the money to make a payment on a 2022 Ferrari SF90 Stradale that he purchased the month before for $734,000.
According to court documents, Van Sickle was on federal supervision for a prior fraud conviction at the time of the criminal offense. He had been ordered to pay $250,000 in restitution to nine victims of that offense and was required to truthfully and accurately report his financial resources to his probation officer.
To conceal the offense and avoid paying restitution, Van Sickle submitted a false financial packet signed under penalty of perjury to his probation officer that did not include the money he received from the woman, the luxury cars he had purchased and sold, and his gambling winnings and losses.
Upon learning that the Federal Bureau of Investigation had contacted the woman to discuss the money she had wired him, Van Sickle manipulated and exploited her to delete text messages, lie to law enforcement, and sign a false and fraudulent promissory note to make the wired proceeds appear simply as a lump-sum loan payable over a 10-year period. Van Sickle also directed the woman to sign a false statement to make it appear as though Van Sickle had already made a $140,000 payment to her through the note. Van Sickle disclosed the purported loan to his probation officer, along with the false promissory note and statement, and lied that he had already made a $140,000 payment to the woman.
According to his plea agreement, Van Sickle also targeted a woman in San Diego and lured her into a similar supposed romantic relationship in order to gain access to her finances and steal her money. He spent the money he received on luxury cars, gambling, and other women, and never intended to repay the woman.
Between 2022 and 2024, Van Sickle received more than 30 money transfers from the women totaling more than $1.8 million. He has not repaid any money to date. He admitted in his plea agreement that he knew the women were vulnerable victims due to their age, health, and trusting nature.
Van Sickle is next scheduled to appear before U.S. District Judge Ruth Bermudez Montenegro for sentencing on January 15, 2027. He is also scheduled to appear before U.S. Magistrate Judge Michael S. Berg for preliminary revocation of supervised release on October 20, 2026.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Patrick C. Swan.
DEFENDANT Case Number: 26-cr-1774-RBM
Troy Clinton Van Sickle Age: 55 Temecula, California
SUMMARY OF CHARGES
Wire Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1343
Maximum penalty: Thirty years in prison and $250,000 fine
Money Laundering – Title 18, U.S.C., Section 1957
Maximum penalty: Ten years in prison and $250,000 fine
False Statement – Title 18, U.S.C., Section 1001(a)(2)
Maximum penalty: Five years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
Internal Revenue Service Criminal Investigation
U.S. Attorney’s Office Filed 112 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 112 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On September 30, 2026, Yi Zhao, a Lawful Permanent Resident, was arrested and charged with Bringing in Aliens for Financial Gain. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered an undocumented Vietnamese national concealed inside a non-factory compartment under a third-row seat of the vehicle Zhao was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry. Customs and Border Protection officers had to remove a bolt from the third-row seat to gain access to the compartment.
- On September 30, 2026, Giovanni Augusto Alvarez Jr., a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 84 pounds of methamphetamine concealed in the rear back panel, windshield vent, backseat cushion, back of driver seat, back of passenger seat, backrest of backseat, rear quarter panel, rear right quarter panel, and cabin air filter of his 2017 Hyundai Accent the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the Otay Mesa Port of Entry.
- September 25, 2026, Mayra Guadalupe Sanchez Magana, a Mexican Citizen and border crossing card holder, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 25 pounds of cocaine concealed in the dashboard of the 2016 Chevrolet Malibu the defendant was driving as she applied for entry to the U.S. at the Otay Mesa Port of Entry.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Two Alleged White Supremacists Charged with Hate Crimes for Attacks at Oceanside Pier; Third Attacker Pleads GuiltyRead the Press Release
SAN DIEGO – An indictment unsealed in federal court today charges two alleged white supremacists from Riverside County with hate crimes in connection with racially-motivated attacks on two U.S. Marines and a third man at the Oceanside pier in June 2025.
Austin Yohe and Daniel Burns are also charged with obstruction of justice for lying to Riverside court personnel, local law enforcement officers in Oceanside, and FBI agents about their roles in the assault. The FBI arrested Yohe yesterday afternoon in Riverside, California. At approximately the same time, Burns was taken into custody at an associate’s home in Wilsonville, Alabama.
The third defendant, Johnny Lee Lane, pleaded guilty today to three federal hate crimes offenses—one for each of the victims. Lane admitted he participated in the attacks on the three victims along with Yohe and Burns, and that the assaults were racially motivated.
The indictment identifies the victim of the first attack as T.L.W., a 21-year-old Black and Asian American man, and the victims of the second attack as two U.S. Marines, T.J. and E.H., a 24-year-old black man and a 23-year-old white man, respectively.
The indictment alleges that Yohe and Burns both claim membership in the group COORS 88, which espouses white supremacy, and that Burns has a tattoo on his arm that reads, “skinhead.” Lane, charged separately in an information, is referred to in the indictment by the initials J.L.
According to the indictment, on June 7, 2025, Yohe, Burns, and Lane drove to Oceanside and went to the beach near the Oceanside Pier. At approximately 8:30 p.m., after attending a family funeral earlier that day, T.L.W. and his wife were sitting on a bench north of the Oceanside Pier and next to a concrete building that had restrooms and outdoor showers when Yohe and Burns approached, identified themselves as “skinheads,” and attacked T.L.W. without provocation.
The indictment alleges that Yohe and Burns punched T.L.W. multiple times, kicked and stomped on him, and slammed his head into the concrete wall of the building. As T.L.W. crawled away and back onto the sand, Lane approached, yelled “Get that n****r!,” and kicked and stomped on T.L.W. As a result of the attack, T.L.W. was hospitalized and suffered serious injuries to his upper body, including a concussion, swelling on his head, and cuts and bruises.
According to the indictment, after they finished assaulting T.L.W., Yohe, Burns and Lane walked southbound to the plaza near the Oceanside Pier. The two Marines, T.J. and E.H., were standing in the plaza eating funnel cake while they waited to get a table at a nearby restaurant. As they walked through the plaza and proceeded up the stairs, Yohe, Burns, and/or Lane yelled racial slurs, including n****r, at T.J. and E.H., who stood there and did not follow the defendants or make any gestures towards them.
About one to two minutes later, the indictment said, Yohe and Burns came back down the stairs with Lane following. Yohe walked up to E.H. and, without provocation, punched him forcefully in the face. Moments later, Burns approached T.J. and, without provocation, punched him forcefully in the head. Even then, T.J. and E.H. did not immediately fight back, and instead, they stepped backwards and tried to de-escalate the encounter.
Undeterred, Yohe and Burns lunged forward and continued assaulting T.J. and E.H., which included punching, grabbing, tackling, and kicking the Marines. The indictment alleges that Lane then joined the continuing assault, struck both T.J. and E.H., and kicked E.H. multiple times in or near his head while E.H. was on the ground trying to fight off Yohe.
During the attack, one of the defendants yelled that E.H.—who is white—was a “n****r lover.” As a result of the attack, E.H. suffered serious head injuries, including a concussion, orbital fracture, sinus fracture, and fractured cheekbone. T.J. also suffered injuries from the attack, including multiple contusions to his head and an injury to his hand that required him to undergo physical therapy.
The three obstruction of justice charges in the indictment—one against Yohe and two against Burns—stem from alleged false statements that the two defendants made on the night of the attacks and in interviews afterwards. Burns is alleged to have knowingly lied to the Oceanside Police Department on the night of the attacks, telling an officer that he was not with Yohe but instead was “coming to pick them up,” that he had “just left the gym in San Bernardino,” and that he was “not involved,” which he told the officer to “look at the video” to confirm.
Burns is also alleged to have knowingly lied to FBI agents during an interview months later, on November 25, 2025, when he told them that the incident began when E.H. punched Yohe first and that he only came down the stairs and started fighting after E.H. punched Yohe. The indictment alleges that Yohe knowingly lied to a court employee in Riverside County on June 13 and 17, 2025, when he claimed that he had gone to Oceanside because his friend was stranded there and needed a ride, that his friend had been involved in an altercation before Yohe arrived, and that Yohe and his friend were “attacked” as they were walking to Yohe’s car. According to the indictment, Yohe referred to himself as a “victim” of that attack.
Yohe made his initial appearance in federal court today in San Diego before U.S. Magistrate Judge Steve B. Chu. The United States moved to detain Yohe as a serious risk of flight and danger to the community. At the request of Yohe’s appointed counsel, the detention hearing was continued to Friday, October 2, 2026, at 10 a.m. A motion hearing and trial setting is scheduled before U.S. District Judge Ruth Bermudez Montenegro on October 30, 2026, at 9 a.m.
Burns made his initial appearance in federal court today in the Northern District of Alabama where he will be held pending proceedings to effectuate his removal and transfer to San Diego.
After entering pleas of guilty to the three hate crimes charges, Lane was released on a $25,000 personal appearance bond. His sentencing is scheduled for January 8, 2027, at 9 a.m. before Judge Montenegro.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Michael J. Songer and C. Seth Askins. The Department of Justice’s Civil Rights Division provided assistance and certified hate crime charges pursuant to 18 U.S.C. § 249(b)(1).
DEFENDANTS
Case Number 26cr3776-RBM
Austin Yohe Age: 23 Riverside, CA
Daniel Burns Age: 30 Wilsonville, AL
Case Number 26cr03839-RBM
Johnny Lee Lane Age: 23 Riverside, CA
SUMMARY OF CHARGES
Hate Crime – Title 18, U.S.C., Section 249
Maximum penalty: Ten years in prison and $250,000 fine
Obstruction of Justice – Title 18, U.S.C., Section 1512
Maximum penalty: Twenty years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
*The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendant is considered innocent unless and until proven guilty.
U.S. Attorney’s Office Filed 114 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 114 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On September 20, Sebastian Ulises Galeana Pierce, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of a Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 74 pounds of cocaine hidden beneath his feet on the driver’s side of his 2021 Toyota RAV4 as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On September 18, Daniel Herriberto Vega Laura, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of a Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 58 pounds of methamphetamine and 16 grams of fentanyl concealed in the quarter panels of the trunk, center console, and engine firewall of the 2025 Chevrolet Aveo the defendant was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On September 23, Fernando Contreras Santiago, a Mexican citizen, was arrested and charged with Transportation of Illegal Aliens. According to a complaint, the defendant arrived at the Campo Border Patrol Station’s Immigration Checkpoint. During the immigration inspection, Agents observed movement on the floorboard of the backseat beneath what appeared to be plastic. Before agents could further inspect the vehicle, the defendant fled the checkpoint at a high rate of speed, striking a Vehicle Immobilization Device, which is designed to stop or disable a vehicle typically by damaging or obstructing its tires. The vehicle then lost control, struck a light post, and all occupants fled on foot. Agents subsequently located two Mexican individuals who were illegally present in the United States and had been passengers in the vehicle driven by the defendant.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Presunto líder narcoterrorista “la Araña” extraditado de Colombia como parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad NacionalRead the Press Release
SAN DIEGO – Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, ciudadano colombiano, presunto narcoterrorista de alto nivel y prolífico traficante de cocaína, fue extraditado hoy de Colombia a Estados Unidos.
Esta mañana, Rojas fue entregado a funcionarios estadounidenses bajo un fuerte dispositivo de seguridad en una base aérea de la Policía Nacional de Colombia en Bogotá, con la presencia del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. Rojas llegó a un lugar no revelado en San Diego a las 4:30 p.m. flanqueado por agentes de la DEA y del FBI.
Fotografía de Rojas (centro), flanqueado por agentes de las fuerzas del orden tras su extradición de Colombia a Estados Unidos. De izquierda a derecha, sin contar a los agentes uniformados: Kristopher Jarvis, agregado judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Bogotá; Adam Gordon, fiscal federal de EE. UU. para el Distrito Sur de California; James Nunnallee, agente especial a cargo de la DEA en San Diego; “Araña”; Jacob Galvan, agente especial adjunto a cargo de la DEA en San Diego; Jagdeep Khangura, agente especial adjunto a cargo del FBI en San Diego; y Kevin Murphy, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego.
El 7 de marzo de 2025, un gran jurado federal del Distrito Sur de California emitió una imputación sustitutiva de dos cargos contra Rojas, cuyo alias es “la Araña”, por conspiración internacional para distribuir cocaína y por narcoterrorismo.
Las autoridades colombianas detuvieron a Rojas el 12 de febrero de 2025 en virtud de una notificación roja de la INTERPOL basada en delitos relacionados con estupefacientes. La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó por unanimidad la extradición de Rojas en octubre de 2025. El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió la extradición de Rojas posteriormente ese mismo año, mientras este participaba en una nueva ronda de conversaciones de paz entre grupos armados y el Gobierno colombiano. El 26 de agosto de 2026, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó que la extradición de Rojas prosiguiera.
“Colombia y el Departamento de Justicia están realizando una barrida a fondo contra los narcoterroristas, comenzando por la Araña”, dijo el Fiscal Federal de EE. UU. para el Distrito Sur de California, Adam Gordon. “Antes de que el presidente De la Espriella asumiera el cargo, los grupos criminales armados en Colombia casi duplicaron su tamaño. Su cocaína alimentaba a los cárteles mexicanos que inyectan veneno en nuestras comunidades. Con la extradición de la Araña cae la telaraña que se extiende desde las montañas del Putumayo hasta las plazas de Tijuana que los cárteles se disputan brutalmente”.
“La extradición de hoy demuestra lo que Estados Unidos y Colombia podemos lograr cuando trabajamos juntos para desmantelar las redes criminales que trafican con drogas letales, corrompen instituciones y amenazan a nuestras comunidades”, afirmó el administrador de la DEA, Terry Cole. “Geovany Andrés Rojas enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas por presuntamente haber orquestado cargamentos de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. Su extradición demuestra que ni las fronteras, ni la influencia criminal, ni los esfuerzos por ocultar actividades ilícitas impedirán que la DEA y nuestros aliados lleven ante la justicia a importantes narcotraficantes transnacionales”.
“La extradición de Rojas debe enviar un claro mensaje a los líderes de los cárteles: el FBI y nuestros aliados del HSTF seguimos luchando sin tregua para desmantelar las organizaciones de narcotráfico que facilitan el flujo de drogas letales hacia nuestras comunidades”, declaró el agente especial a cargo Mark Remily, de la Oficina Local del FBI en San Diego. “La Oficina del FBI en San Diego seguirá trabajando estrechamente con nuestros aliados de las fuerzas del orden nacionales e internacionales para eliminar a los cárteles criminales, hacer que sus líderes rindan cuentas y proteger al pueblo estadounidense”.
En los años anteriores a su detención, Rojas fue portavoz y líder de Comandos de la Frontera, una organización paramilitar con unos 1,000 miembros que opera en el suroeste de Colombia. Rojas se presentaba como un líder de alto rango de Comandos de la Frontera y posaba con armas y combatientes fuertemente armados en publicaciones de redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación en nombre del grupo terrorista.
En declaraciones públicas, Rojas describió a Comandos de la Frontera como parte de la Segunda Marquetalia, una organización integrada por excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que retomaron las armas y volvieron a combatir tras el acuerdo de paz de 2016 entre Colombia y las FARC. El propio Rojas fue miembro de las FARC y firmó el Acuerdo de Paz de 2016 antes de rechazar la paz y convertirse en líder guerrillero. El 1 de diciembre de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos designó a la Segunda Marquetalia como Organización Terrorista Extranjera (FTO).
Los cargos por tráfico de drogas y narcoterrorismo contra Rojas surgieron de una investigación prolongada del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), que reveló que Comandos de la Frontera, bajo el liderazgo de Rojas, se lucraba del cultivo y la producción de cocaína en el suroeste de Colombia y mantenía el control de su territorio mediante las armas y la violencia. La zona es una de las principales regiones productoras de cocaína de Colombia y tiene una influencia considerable en la cadena mundial de suministro de cocaína.
Se prevé que Rojas comparezca por primera vez en el tribunal federal el 28 de septiembre de 2026, a las 2 p. m., ante el juez federal adjunto Steve B. Chu.
El agregado judicial del Departamento de Justicia en Bogotá, Kristopher Jarvis, y el abogado litigante Aaron York, de la Oficina de Asuntos Internacionales, hicieron posible la detención y la extradición de Rojas. El Servicio de Marshals de EE. UU. brindó una asistencia significativa para garantizar que el traspaso de la custodia se realizara de manera segura y sin contratiempos, y para trasladar a Rojas a Estados Unidos.
Los cargos y alegatos contenidos en una imputación o denuncia penal son solo acusaciones, y a la persona imputada se le considera inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.
IMPUTADO Número de caso 25CR442H
Geovany Andrés Rojas, alias “Araña” Edad: 45 Colombia
RESUMEN DE LOS CARGOS
Conspiración internacional para distribuir cocaína – Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), secciones 959, 960 y 963
Pena máxima: mínimo obligatorio de 10 años y hasta cadena perpetua
Narcoterrorismo – Título 21 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.), secciones 960a y 841
Pena máxima: mínimo obligatorio de 20 años y hasta cadena perpetua
AGENCIAS INVESTIGADORAS
Administración para el Control de Drogas (DEA)
Buró Federal de Investigaciones (FBI)
Este caso fue investigado y perseguido penalmente por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de California (HSTF) como parte de la iniciativa de los HSTF establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, Protegiendo al Pueblo Estadounidense Contra una Invasión (Protecting the American People Against Invasion). El HSTF es una alianza que abarca a todo el gobierno dedicada a eliminar los cárteles criminales, las pandillas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y trata de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF dirige todo el poderío de las autoridades del orden público de Estados Unidos hacia la identificación, investigación y persecución penal de todo el espectro de delitos cometidos por estas organizaciones, que por mucho tiempo han alimentado la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras. Al realizar este trabajo, el HSTF pone especial énfasis en investigar y perseguir penalmente a quienes participan en la trata de niños u otros delitos que involucran a niños. Además, el HSTF utiliza todas las herramientas disponibles para perseguir penalmente y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.
###
Alleged Narco-Terrorist Leader “Araña” Extradited from Colombia as Part of Homeland Security Task Force InvestigationRead the Press Release
SAN DIEGO – Geovany Andres Rojas, aka “Araña,” a Colombian national and alleged high-level narco-terrorist and prolific cocaine trafficker, was extradited from Colombia to the United States today.
Rojas was handed over to U.S. officials this morning under heavy security at a Colombian National Police air base in Bogotá. The sendoff was attended by Colombian President Abelardo de la Espriella. Rojas arrived at an undisclosed location in San Diego at 4:30 p.m. PST, flanked by DEA and FBI agents.
Photo of Rojas (center) flanked by law enforcement after being extradited from Colombia to the United States. Left to right, excluding uniformed agents: U.S. Department of Justice’s Judicial Attaché in Bogotá, Kristopher Jarvis; U.S. Attorney Adam Gordon, Southern District of California; San Diego DEA Special Agent in Charge James Nunnallee; Araña; DEA San Diego Assistant Special Agent in Charge Jacob Galvan; FBI San Diego Assistant Special Agent in Charge Jagdeep Khangura; Acting Special Agent in Charge HSI San Diego Kevin Murphy
On March 7, 2025, a federal grand jury in the Southern District of California returned a two-count superseding indictment charging Rojas, whose alias translates to “Spider,” with International Conspiracy to Distribute Cocaine and Narco-Terrorism.
Colombian authorities apprehended Rojas on February 12, 2025, pursuant to an INTERPOL Red Notice based on narcotics-related offenses. The Supreme Court of Colombia unanimously approved Rojas’s extradition in October 2025. Colombian President Gustavo Petro suspended Rojas’ extradition later that year, while Rojas participated in a new round of peace talks between armed groups and the Colombian government. On August 26, 2026, Colombian President Abelardo de la Espriella ordered that Rojas’ extradition should proceed.
“Colombia and the Department of Justice are making a clean sweep of narcoterrorists, starting with Araña,” said U.S. Attorney Adam Gordon. “Before President de la Espriella, armed criminal groups in Colombia roughly doubled in size. Their cocaine fueled the Mexican cartels pumping poison into our communities. The Araña extradition sweeps away a web that starts in the mountains of Putumayo and ends in the brutal, cartel contested plazas of Tijuana.”
“Today’s extradition demonstrates what the United States and Colombia can accomplish when we work together to dismantle the criminal networks that traffic deadly drugs, corrupt institutions, and threaten our communities,” said DEA Administrator Terry Cole. “Geovany Andres Rojas faces narco-terrorism and drug trafficking charges for allegedly orchestrating multi-ton cocaine shipments bound for the United States. His extradition shows that borders, criminal influence, and efforts to conceal illegal activity will not prevent DEA and our partners from bringing major transnational traffickers to justice.”
“Rojas’ extradition should send a clear message to cartel leaders: the FBI and our HSTF partners remain relentless in our fight to dismantle drug trafficking organizations that facilitate the flow of deadly drugs into our communities,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “FBI San Diego will continue working closely with our domestic and international law enforcement partners to eliminate criminal cartels, hold their leaders accountable, and protect the American people.”
In the years leading up to Rojas’ arrest, he served as the spokesman and leader of Comandos de la Frontera, a paramilitary organization with an estimated 1,000 members operating in southwestern Colombia. Rojas identified himself as a high-level leader of Comandos de la Frontera, posing with weapons and heavily armed fighters in appearances on social media and in interviews with news organizations on behalf of the terrorist group.
In public statements, Rojas described Comandos de la Frontera as part of the Segunda Marquetalia, an organization of former Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) combatants who rearmed and returned to fighting following Colombia’s 2016 peace accord with FARC. Rojas himself was a member of the FARC who signed the 2016 Peace Agreement before rejecting peace and becoming a guerilla leader. The United States Secretary of State designated Segunda Marquetalia a foreign terrorist organization on December 1, 2021.
The drug trafficking and narco-terrorism charges against Rojas stemmed from a long-term Homeland Security Task Force (HSTF) investigation which revealed that Comandos de la Frontera, under Rojas’ leadership, profited from the cultivation and production of cocaine in southwestern Colombia, maintaining control of its territory using weapons and violence. The area is one of Colombia’s top cocaine producing regions, with significant influence over the cocaine supply chain worldwide.
Rojas is expected to make his initial court appearance at 2 p.m. on September 28, 2026, before U.S. Magistrate Judge Steve B. Chu.
The Justice Department’s Judicial Attaché in Bogotá, Kristopher Jarvis, and Office of International Affairs Trial Attorney Aaron York, secured the arrest and extradition of Rojas. The U.S. Marshals Service provided significant assistance in ensuring a smooth and safe transfer of custody and transporting Rojas back to the United States.
The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendant is considered innocent unless and until proven guilty.
DEFENDANT Case Number 25cr442H
Geovany Andres Rojas, aka Araña Age: 45 Colombia
SUMMARY OF CHARGES
International Conspiracy to Distribute Cocaine – Title 21, U.S.C., Sections 959, 960, and 963
Maximum penalty: Mandatory minimum 10 years and up to life in prison
Narco-Terrorism – Title 21, U.S.C., Sections 960a and 841
Maximum penalty: Mandatory minimum 20 years and up to life in prison
INVESTIGATING AGENCIES
Drug Enforcement Administration
Federal Bureau of Investigation
This case was investigated and prosecuted by the California Homeland Security Task Force (HSTF) as part of the HSTF initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of U.S. law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States.
Bank Imposter Sentenced for Defrauding Elderly Victims of Hundreds of Thousands of DollarsRead the Press Release
SAN DIEGO – Franco Fuentes was sentenced in federal court today to 57 months in prison for defrauding elderly victims of hundreds of thousands of dollars by posing as a bank employee and tricking them into surrendering their bank cards, which he then used to make lavish purchases and large cash withdrawals.
Fuentes, a Peruvian national and green card holder, was also ordered to pay victims more than $270,000 and forfeit property seized from his residence, including over $37,000 in cash and a bill-counting machine.
“Fuentes saw elderly victims as easy targets and their bank accounts as his personal ATM—and today he is paying the price for stealing money, dignity and peace of mind,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“The actions of the defendant in this case showed a clear disregard for the harm he was causing innocent people,” San Diego Police Chief Scott Wahl said. “We have dedicated teams that are working day after day to help victims of scams just like this, because unfortunately, they happen far too often. Today’s sentencing sends a message to others that we will find and hold you accountable.”
“The defendant shamelessly preyed on older victims, then showered himself with extravagant items at their expense without regard to consequences,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “FBI San Diego and the San Diego Police Department, along with all of our San Diego Elder Justice Task Force partners, will relentlessly seek justice for this vulnerable population, protecting them from scammers like Fuentes, and helping to safeguard their livelihood.”
In the government’s sentencing memo, a victim who lost $56,000 wrote to the court: “This experience has caused me significant emotional and financial stress. As a 72-year-old woman, I never expected to have to deal with something of this magnitude. I experienced ongoing worry, fear, frustration, and anxiety while trying to understand what had happened, protect my accounts, and work with the bank to resolve the unauthorized activity. The situation disrupted my sense of financial security and left me constantly concerned about whether my personal information and finances were safe. The financial impact and the amount of time and effort required to address this identity theft have been extremely stressful.
Another victim wrote to the court, noting that the defendant “fraudulently obtained my banking information by calling me from a phone line that appeared to have my U.S. Bank caller ID.”
“The financial loss was devastating, but the impact of this crime goes far beyond the money that was taken. I have experienced an unbelievable amount of stress because of what happened. As an elderly person in poor health, this experience has caused me significant worry and emotional distress…I hope the Court understands the lasting impact this crime has had on my life. I believe the defendant is a danger to society because his actions prey upon people's trust and can cause serious harm, especially to vulnerable people.”
In his plea agreement, Fuentes admitted he and his criminal associates called victims and falsely claimed to be bank employees investigating fraud on the victims’ accounts. Fuentes tricked the victims into surrendering their bank cards, which he used to make cash withdrawals and pay for lavish purchases.
Fuentes targeted one 80-year-old victim, sending a rideshare service driver to her house and then using her cards for withdrawals and purchases totaling over $43,000, including $22,000 in purchases at Apple stores. The daughter of that victim addressed the Court at sentencing, describing the significant emotional and psychological impacts on her mother.
In his messages about the fraud with one co-conspirator, the defendant referred to his victims as “vics” and boasted that the “targets are endless.” In imposing the sentence, U.S. District Judge Benjamin J. Cheeks called Fuentes’s conduct an “awful crime” that took advantage of “some of the most vulnerable people in society—people that worked hard in their life.” Judge Cheeks also highlighted Fuentes’s extravagant spending of his victims’ money, including a social media post in which Fuentes bragged about purchasing a $6,000 outfit in New York. The judge further noted that Fuentes had previously received a generous resolution in state court for similar fraud, yet “you did it again and again, and you hurt people.”
This case is being investigated by the San Diego Elder Justice Task Force and its member agencies and is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Eric R. Olah.
If you or someone you know is 60 or older and has been a victim of financial fraud, help is available through the National Elder Fraud Hotline: 1-833 FRAUD-11 (1-833-372-8311). You can also report fraud to any local law enforcement agency or on the FBI’s Internet Crime Complaint Center at www.ic3.gov.
DEFENDANT Case Number 26cr404-BJC
Franco Fuentes Age: 30 Woodland Hills, CA
SUMMARY OF CHARGES
Bank Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1344(2)
Maximum penalty: Thirty years in prison and $1 million fine
INVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
San Diego Police Department
U.S. Attorney’s Office Filed 132 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 132 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On September 15, Jose Camarillo De La Torre, a Mexican citizen and border crosser card holder, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered over 122 pounds of fentanyl concealed in the bed of the Dodge Ram he was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On September 16, Jocelyn Felix, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered nearly 86 pounds of cocaine concealed inside the Nissan Versa the defendant was driving as she applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On September 15, Antonio Jimenez-Reyez, a U.S. citizen, was arrested and charged with Bringing in an Alien for Financial Gain. According to a complaint, Customs and Border Protection officers found an undocumented person from China hiding inside the rear spare tire wheel well of Jimenez-Reyez’ Jeep Cherokee when he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry. The undocumented person was paying nearly $60,000 to be smuggled into the U.S.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations, and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
- On September 15, Jose Camarillo De La Torre, a Mexican citizen and border crosser card holder, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered over 122 pounds of fentanyl concealed in the bed of the Dodge Ram he was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
High-Ranking Sinaloa Cartel Member Pleads Guilty to Importing Thousands of Kilograms of Cocaine, Laundering Millions of Dollars for Cartel in Homeland Security Task Force InvestigationRead the Press Release
SAN DIEGO – Gerardo Julio Rueda Torres pleaded guilty in federal court today following a Homeland Security Task Force investigation to charges of conspiring to import and distribute multiple tons of cocaine and launder millions of dollars of drug proceeds for the Sinaloa Cartel.
According to the plea agreement, Rueda Torres was one of the leaders of the Los Rusos faction of the Sinaloa Cartel. In that role, he oversaw the importation of approximately 50 kilograms of cocaine per week into the United States from Mexico for over a decade. Rueda’s underlings imported the cocaine into the United States in passenger cars crossing from Mexicali, Mexico into Imperial County, California, before transporting it to Arizona, Los Angeles, and elsewhere.
Rueda also admitted in his plea agreement that he maintained an armed security force to protect him and other Los Rusos leaders from violent attacks by members of the rival Los Chapitos faction of the Sinaloa Cartel.
Rueda also pleaded guilty to his nearly 20-year involvement in laundering money for drug cartels. According to the plea agreement, this started with personally driving $30,000 to Mexico. Over the years, his operations evolved into a “network of load drivers” under his command who moved $500,000 at a time back to the Sinaloa Cartel.
The defendant is scheduled to be sentenced on December 4, 2026, at 9:00am before U.S. District Judge Robert S. Huie.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Paul Benjamin. Former Special Assistant U.S. Attorney Mark Lauricella also assisted in the investigation and prosecution.
DEFENDANTS Case Number 24-cr-2617-RSH
Gerardo Julio Rueda Torres Age: 49 Mexicali, Mexico
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Import Cocaine – Title 21, U.S.C., Sections 952, 960, and 963
Maximum penalty: Mandatory minimum 10 years to life in prisonConspiracy to Launder Money – Title 18, U.S.C., Section 1956(h)
Maximum penalty: Twenty years in prisonINVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
Drug Enforcement Administration
United States Customs and Border ProtectionThis investigation is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
Twelve People Charged in $10 Million Home Daycare Fraud SchemesRead the Press Release
SAN DIEGO – Twelve people are facing federal fraud charges after an investigation revealed that more than $10 million intended to help low-income families pay for childcare was instead funneled to bogus daycare providers.
In a coordinated takedown early Thursday morning, more than 250 federal, state and local law enforcement officials arrested all 12 defendants and executed 12 search warrants at homes in San Diego purported to be used as daycare facilities.
“These charges underscore a simple truth: anyone who steals from programs meant to support children will face swift and uncompromising accountability, said Assistant Attorney General Colin M. McDonald of the Justice Department’s National Fraud Enforcement Division. “Fraud against these programs is an attack on vulnerable families, and law enforcement will continue to dismantle schemes that exploit them. I want to thank the prosecutors and agents in the Southern District of California whose relentless work exposed this scheme and ensured that those responsible are being held accountable.”
“Today is a bad day for home daycare fraud,” said U.S. Attorney Adam Gordon, “These are the first charges alleging this type of fraud since the formation of the National Fraud Enforcement Division. These fraudsters may have criminally gamed the system before. But today, the game is over.”
“Programs that help families access childcare are intended to support children and working parents, not to enrich fraudsters,” said Homeland Security Investigations Assistant Director Michael Krol. “HSI is proud to stand with our federal, state, and local partners to identify and disrupt schemes that steal taxpayer-funded benefits from the communities they are meant to serve. These arrests reflect our commitment to protecting public programs, safeguarding children, and holding accountable those who exploit systems designed to help vulnerable families.”
“Today’s takedown exposes a sprawling fraud scheme that siphoned more than $10 million from programs designed to help low-income families who depend on subsidized childcare. By following the money, IRS Criminal Investigation uncovered patterns of deceit that revealed twelve ghost daycare operations billing for children who were never present. This was not a victimless crime. It deprived working parents of critical support and eroded trust in programs meant to protect the most vulnerable in our communities. We remain steadfast in our commitment to safeguarding federal funds and ensuring that those who exploit public programs for personal gain are held fully accountable,” said IRS Criminal Investigation Chief Jarod Koopman.
“Shameless attempts to steal taxpayer‑funded childcare funds for personal gain endanger support for some of our nation’s most vulnerable children,” said Special Agent in Charge Robb R. Breeden of the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG). “Working alongside our law enforcement partners, HHS‑OIG will continue to pursue these schemes relentlessly to protect these funds and the families who depend on them.”
The U.S. Department of Health and Human Services provides federal funding to California to help low-income families pay for childcare. In San Diego County, the County of San Diego, Child Development Associates (CDA), and the YMCA administer childcare subsidy programs.
When CDA or the YMCA determines that a family qualifies for subsidized childcare, the organizations pay the eligible childcare provider directly after the provider submits required monthly attendance records documenting the care provided. The records must be signed by both the provider and parent under penalty of perjury and include the dates and times children are in care.
California law also requires licensed childcare providers to be present and ensure that children are supervised at all times, except for limited temporary absences when a qualified substitute is present.
While the 12 federal complaints are unrelated, the scheme was essentially the same: Defendants obtained a California license to operate a home childcare facility and registered with Child Development Associates (CDA) and the YMCA to provide subsidized childcare to eligible families. To receive government-funded payments, the defendants were required to submit monthly attendance records accurately documenting the dates and times they provided care to each child.
Instead, the defendants knowingly submitted false attendance records claiming they provided childcare on dates and at times when they did not. They also falsely certified, under penalty of perjury, that the information was true and correct. CDA and the YMCA relied on those fraudulent records and issued payments with federal funds intended to pay for childcare actually provided to low-income families.
The complaints describe how surveillance recordings of the defendants’ licensed facilities conflicted with what the defendants claimed in their attendance records. For example, Abdulrahman Ayman Alawad submitted attendance records claiming to have provided childcare to 23 children in March 2026 and 25 children April 2026, and that he provided childcare every day of those two months. But surveillance recordings covering 57 days of those months showed children entering or exiting Alawad’s facility on just one day—coincidentally, the day a state inspector showed up for an unannounced inspection, when children and Alawad himself arrived at the facility after the inspector arrived.
Additionally, Alawad and several other defendants submitted attendance records claiming to have provided childcare at their homes when border crossing records shows they were not even in the United States. For example, according to a complaint charging Turkiya Mamdouh Alawad, border crossing records show that she departed the United States on or about on January 1, 2024, and returned to the United States around January 30, 2024. Despite not being in the United States, Alawad submitted attendance records to CDA and YMCA for the month of January 2024 and afterwards received eight direct deposits from CDA and YMCA that totaled $14,970.00 in February 2024.
It’s a lucrative scam, the complaints indicate. Each defendant brought in between $538,000 and $1.2 million during various time periods that range from months to years. According to the complaints, Alawad received over $300,000 in payments from San Diego County, CDA, and YMCA in 2025 alone, and several defendants have each received over $1 million in payments in the course of their respective schemes.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Eric R. Olah, with prior assistance from Deputy Assistant Attorney General Siddharth Dadhich (National Fraud Enforcement Division) Assistant U.S. Attorney Oleksandra Johnson, Trial Attorney Sarah Fix (Antitrust Division).
DEFENDANTS
- Fosiya Mohamoud 26-mj-05074
Age: 50 City of Residence: El Cajon, CA
- Abdulrahman Alawad 26-mj-05174
Age: 25 City of Residence: El Cajon, CA
- Zetun Abdi 26-mj-05184
Age: 43 City of Residence: San Diego, CA
- Ikramullah Mohmmand 26-mj-05185
Age: 25 City of Residence: El Cajon, CA
- Khetam Haouash 26-mj-05187
Age: 37 City of Residence: El Cajon, CA
- Khatera Hashimi 26-mj-05188
Age: 39 City of Residence: El Cajon, CA
- Mariam Khamis 26-mj-05189
Age: 42 City of Residence: San Diego, CA
- Mohamad Alawad 26-mj-05190
Age: 29 City of Residence: San Diego, CA
- Mazin Alawad 26-mj-05191
Age: 22 City of Residence: San Diego, CA
- Turkiya Alawad 26-mj-05194
Age: 63 City of Residence: San Diego, CA
- Zaryab Daudzai 26-mj-05195
Age: 25 City of Residence: El Cajon, CA
- Cezar Yaqoob 26-mj-05215
Age: 36 City of Residence: El Cajon, CA
SUMMARY OF CHARGES
Wire Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1343
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine
*Money Laundering – Title 18, U.S.C., Section 1957
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine
*While defendants are charged with wire fraud, not all are charged with money laundering.
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
IRS-Criminal Investigation
Health and Human Services Office of Inspector General
San Diego County Sheriff’s Office
El Cajon Police Department
*The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendants are considered innocent unless and until proven guilty.
This investigation is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
On April 7, the Department of Justice announced the creation of the National Fraud Enforcement Division ('Fraud Division'). The Fraud Division is laser-focused on investigating and prosecuting those who commit fraud against the American people. The Department’s work to combat fraud supports President Trump’s Task Force to Eliminate Fraud, a whole-of-government effort chaired by Vice President J.D. Vance to eliminate fraud, waste, and abuse within Federal benefit programs.
Twelve Individuals Charged in $10M Home Daycare Fraud SchemesRead the Press Release
Twelve individuals are facing federal fraud charges after an investigation revealed that more than $10 million intended to help low-income families pay for childcare was instead funneled to bogus daycare providers.
In a coordinated takedown early Thursday morning, more than 250 federal, state and local law enforcement officials arrested all 12 defendants and executed 12 search warrants at homes in San Diego purported to be used as daycare facilities. The defendants are naturalized U.S. citizens and Lawful Permanent Residents originally from Syria, Somalia, Sudan, Afghanistan, and Iraq.
“These charges underscore a simple truth: anyone who steals from programs meant to support children will face swift and uncompromising accountability,” said Assistant Attorney General Colin M. McDonald of the Justice Department’s National Fraud Enforcement Division. “Fraud against these programs is an attack on vulnerable families, and law enforcement will continue to dismantle schemes that exploit them. I want to thank the prosecutors and agents in the Southern District of California whose relentless work exposed this scheme and ensured that those responsible are being held accountable.”
“Today is a bad day for home daycare fraud,” said U.S. Attorney Adam Gordon for the Southern District of California. “These are the first charges alleging this type of fraud since the formation of the National Fraud Enforcement Division. These fraudsters may have criminally gamed the system before. But today, the game is over.”
“Programs that help families access childcare are intended to support children and working parents, not to enrich fraudsters,” said Assistant Director Michael Krol of Homeland Security Investigations. “HSI is proud to stand with our federal, state, and local partners to identify and disrupt schemes that steal taxpayer-funded benefits from the communities they are meant to serve. These arrests reflect our commitment to protecting public programs, safeguarding children, and holding accountable those who exploit systems designed to help vulnerable families.”
“Today’s takedown exposes a sprawling fraud scheme that siphoned more than $10 million from programs designed to help low-income families who depend on subsidized childcare,” said Chief Jarod Koopman of IRS Criminal Investigations. “By following the money, IRS Criminal Investigation uncovered patterns of deceit that revealed twelve ghost daycare operations billing for children who were never present. This was not a victimless crime. It deprived working parents of critical support and eroded trust in programs meant to protect the most vulnerable in our communities. We remain steadfast in our commitment to safeguarding federal funds and ensuring that those who exploit public programs for personal gain are held fully accountable.”
“Shameless attempts to steal taxpayer‑funded childcare funds for personal gain endanger support for some of our nation’s most vulnerable children,” said Special Agent in Charge Robb R. Breeden of the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG). “Working alongside our law enforcement partners, HHS‑OIG will continue to pursue these schemes relentlessly to protect these funds and the families who depend on them.”
The U.S. Department of Health and Human Services provides federal funding to California to help low-income families pay for childcare. In San Diego County, the County of San Diego, Child Development Associates (CDA), and the YMCA administer childcare subsidy programs.
When CDA or the YMCA determines that a family qualifies for subsidized childcare, the organizations pay the eligible childcare provider directly after the provider submits required monthly attendance records documenting the care provided. The records must be signed by both the provider and parent under penalty of perjury and include the dates and times children are in care.
California law also requires licensed childcare providers to be present and ensure that children are supervised at all times, except for limited temporary absences when a qualified substitute is present.
While the 12 federal complaints are unrelated, the scheme was essentially the same: Defendants obtained a California license to operate a home childcare facility and registered with Child Development Associates (CDA) and the YMCA to provide subsidized childcare to eligible families. To receive government-funded payments, the defendants were required to submit monthly attendance records accurately documenting the dates and times they provided care to each child.
Instead, the defendants knowingly submitted false attendance records claiming they provided childcare on dates and at times when they did not. They also falsely certified, under penalty of perjury, that the information was true and correct. CDA and the YMCA relied on those fraudulent records and issued payments with federal funds intended to pay for childcare actually provided to low-income families.
Locations of Executed Search Warrants in Daycare Fraud InvestigationThe complaints describe how surveillance recordings of the defendants’ licensed facilities conflicted with what the defendants claimed in their attendance records. For example, Abdulrahman Ayman Alawad submitted attendance records claiming to have provided childcare to 23 children in March 2026 and 25 children April 2026, and that he provided childcare every day of those two months. But surveillance recordings covering 57 days of those months showed children entering or exiting Mr. Alawad’s facility on just one day — coincidentally, the day a state inspector showed up for an unannounced inspection, when children and Mr. Alawad himself arrived at the facility after the inspector arrived.
Additionally, Mr. Alawad and several other defendants submitted attendance records claiming to have provided childcare at their homes when border crossing records shows they were not even in the United States. For example, according to a complaint charging Turkiya Mamdouh Alawad, border crossing records show that she departed the United States on or about on Jan. 1, 2024, and returned to the United States around Jan. 30, 2024. Despite not being in the United States, Alawad submitted attendance records to CDA and YMCA for the month of January 2024 and afterwards received eight direct deposits from CDA and YMCA that totaled $14,970.00 in February 2024.
This daycare scam is lucrative, the complaints indicate. Each defendant brought in between $538,000 and $1.2 million during various time periods that range from months to years. According to the complaints, Mr. Alawad received over $300,000 in payments from San Diego County, CDA, and YMCA in 2025 alone, and several defendants have each received over $1 million in payments in the course of their respective schemes.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Eric R. Olah for the Southern District of California, with prior assistance from Assistant U.S. Attorney Oleksandra Johnson for the Southern District of California, Trial Attorney Sarah Fix (Antitrust Division), and Senior Counsel Siddarth Dadhich (National Fraud Enforcement Division).
DEFENDANTS
1. Fosiya Mohamoud; (Country of Origin: Somalia) 26-mj-05074; Age: 50; City of Residence: El Cajon, CA
2. Abdulrahman Alawad; (Country of Origin: Syria); 26-mj-05174; Age: 25; City of Residence: El Cajon, CA
3. Zetun Abdi; (Country of Origin: Somalia); 26-mj-05184; Age: 43; City of Residence: San Diego, CA
4. Ikramullah Mohmmand (Country of Origin: Afghanistan); 26-mj-05185; Age: 25; City of Residence: El Cajon, CA
5. Khetam Haouash; (Country of Origin: Syria); 26-mj-05187; Age: 37; City of Residence: El Cajon, CA
6. Khatera Hashimi; (Country of Origin: Afghanistan); 26-mj-05188; Age: 39; City of Residence: El Cajon, CA
7. Mariam Khamis; (Country of Origin: Sudan); 26-mj-05189; Age: 42; City of Residence: San Diego, CA
8. Mohamad Alawad; (Country of Origin: Syria); 26-mj-05190; Age: 29; City of Residence: San Diego, CA
9. Mazin Alawad; (Country of Origin: Syria); 26-mj-05191; Age: 22; City of Residence: San Diego, CA
10. Turkiya Alawad; (Country of Origin: Syria); 26-mj-05194; Age: 63; City of Residence: San Diego, CA
11. Zaryab Daudzai; (Country of Origin: Afghanistan); 26-mj-05195; Age: 25; City of Residence: El Cajon, CA
12. Cezar Yaqoob; (Country of Origin: Iraq); 26-mj-05215; Age: 36; City of Residence: El Cajon, CA
SUMMARY OF CHARGES
Wire Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1343
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine
*Money Laundering – Title 18, U.S.C., Section 1957
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine
*While defendants are charged with wire fraud, not all are charged with money laundering.
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
IRS-Criminal Investigation
Health and Human Services Office of Inspector General
This investigation is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection, the U.S. Department of Health and Human Services Office of Inspector General, and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
On April 7, the Department of Justice announced the creation of the National Fraud Enforcement Division (Fraud Division). The Fraud Division is laser-focused on investigating and prosecuting those who commit fraud against the American people. The Department’s work to combat fraud supports President Trump’s Task Force to Eliminate Fraud, a whole-of-government effort chaired by Vice President J.D. Vance to eliminate fraud, waste, and abuse within Federal benefit programs.
An indictment or complaint is merely an allegation. All defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Woman Sentenced in Cross-Border Identity Theft and Immigration Fraud SchemeRead the Press Release
SAN DIEGO – Kassandra Sanchez was sentenced in federal court today to 12 and a half months in prison for aiding and abetting her boyfriend in stealing the identity of her brother to commit a variety of federal crimes in the United States. This included smuggling an alien through the San Ysidro Port of Entry and fraudulently obtaining public benefits such as Medi-Cal and CalFresh.
U.S. District Judge Barry T. Moskowitz ordered Sanchez to pay $8,690.69 in restitution to J.D.S., Medi-Cal, and the California Department of Social Services.
According to the indictment, Luis Enrique Villegas Brownell, a Mexican citizen without legal status in the United States, and Sanchez, a U.S. citizen, conspired to steal identification documents belonging to Sanchez’s brother, identified in court records as J.D.S. Villegas then used those documents to falsely pose as a U.S. citizen and apply for entry into the United States.
Once in the United States, Villegas and Sanchez went to the California DMV and provided false information under penalty of perjury to obtain a state ID card in the name of J.D.S. but bearing Villegas’s photo and thumbprint. He and Sanchez then used the fraudulent ID to impersonate J.D.S. and cross the border unlawfully for more than a year. They crossed together into the United States from Mexico more than 50 times in a 17-month period, often with Sanchez driving to the port of entry and presenting the fraudulent ID to border officers. Port-of-entry video shows Sanchez lying to officers about Villegas’s birthplace and concealing his true identity.
According to the United States’ sentencing memorandum, during a border crossing on May 21, 2025, Sanchez falsely the told a border officer that her front seat passenger, Villegas, does not really talk and offered to show the officer his U.S. birth certificate to prove he was born in the United States. Moments later, Sanchez handed her cell phone to the officer displaying an image of J.D.S.’s birth certificate.
Still shot from the port-of-entry video on May 21, 2025 of Sanchez showing an image of J.D.S.’s U.S. birth certificate on her cell phone to the border officer
Sanchez committed the offense while on supervised release for a prior federal conviction in the Southern District of California relating to an arrest for smuggling methamphetamine into the United States. According to the United States’ sentencing memorandum, the port-of-entry video from the May 21, 2025 crossing captured Sanchez admitting to the border officer that she knew she had been on probation for more than a year. She described her mindset regarding her probation as “chill.”
According to court documents, the real J.D.S. applied for entry to the United States at the San Ysidro Port of Entry in April 2025 but was unable to cross due to the theft of his identity. During that encounter, J.D.S. reported to border officers that his sister, Sanchez, asked for his identity documents to smuggle her Mexican boyfriend into the United States. When he declined, she took them without his consent. According to court records, J.D.S. has lost work and money as a result of the offense and now has a felony alien smuggling arrest committed by Villegas associated with his name.
“The defendants thought a stolen identity was a ticket to a new life. Turns out it was a ticket to prison,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“Identity theft and benefits fraud are serious crimes that undermine public trust and victimize innocent people, including U.S. citizens whose documents are misused,” said Kevin Murphy, acting Special Agent in Charge of HSI San Diego. “This case demonstrates our commitment to working with our law enforcement partners to identify, investigate, and hold accountable those who abuse identity documents and benefits systems for personal gain.”
Villegas pleaded guilty to charges of false personation, false claim to U.S. citizenship, and aggravated identity theft in 25-cr-3286-BTM-1. Villegas is scheduled to appear before U.S. District Judge Barry T. Moskowitz for sentencing on October 1, 2026.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Patrick C. Swan.
DEFENDANT Case Number: 25-cr-3286-BTM-2
Kassandra Sanchez Age: 24 San Diego, California
SUMMARY OF CHARGE
False Personation in Immigration Matter – Title 18, U.S.C., Sections 1546(a) and 2
Maximum penalty: Ten years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
U.S. Customs and Border Protection
Man Living Illegally in the U.S. Sentenced for Assaulting a Federal OfficerRead the Press Release
SAN DIEGO – Roberto Galeana-Guatemala, a Mexican national who was previously deported and living illegally in the U.S., was sentenced in federal court Friday to 33 months in prison for driving his vehicle into federal law enforcement officers and seriously injuring one officer while they attempted to arrest him.
The defendant pleaded guilty on June 18, 2026, to Assaulting a Federal Officer and Deported Alien Found in the United States. According to his plea agreement, Galeana-Guatemala admitted that he used his automobile to seriously injure a Task Force Officer when they attempted to arrest him for being found in the United States after previously being deported on February 6, 2024.
According to the court records, at about 4:25 a.m. on November 12, 2025, federal agents from the Homeland Security Task Force (HSTF) attempted to execute a court-authorized federal arrest warrant for Galeana-Guatemala outside an apartment complex in National City. Agents had positioned their vehicles in front of Galeana-Guatemala’s vehicle and identified themselves as police before Galeana-Guatemala attempted to flee in his car.
Law enforcement agents, wearing patches and insignia identifying themselves as law enforcement, pursued his car on foot while verbally shouting “Stop!” and “Police” at Galeana-Guatemala. Galeana-Guatemala attempted to maneuver his vehicle around the law enforcement vehicles but stopped approximately one foot away from the front bumper of one of the blocking vehicles.
According to the complaint, agents approached the driver side window and shouted, “Police, don't move!” multiple times. Galeana-Guatemala momentarily paused before accelerating towards them, forcing them to scatter to avoid being hit. Galeana-Guatemala steered his vehicle directly toward three agents, hitting one who was thrown onto the street and underneath adjacent parked vehicles. The agent was hospitalized with serious bodily injuries, including a fracture to his sternum.
After Galeana-Guatemala struck the agent, he continued to flee, hitting another law enforcement vehicle in the process. When the defendant was found by law enforcement later in the day, he attempted to run away on foot but was apprehended.
“Our law enforcement agents and officers have our backs every day,” said U.S. Attorney Adam Gordon. “We will hold accountable through federal prosecution anyone who puts them in harm’s way.”
“Law enforcement works every day to protect our communities and uphold the laws of our country. Violence and targeted attacks against those who serve will not be tolerated. We will continue to investigate and pursue justice against all criminal organizations and individuals who assault or attempt to harm to any law enforcement official.” said Kevin Murphy, Special Agent in Charge for Homeland Security Investigations. “The sentencing of Roberto Galeana-Guatemala to 33 months of federal custody sends a clear message that attacks against law enforcement are unacceptable and have significant consequences.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Sean Van Demark and former Special Assistant U.S. Attorney Mark Lauricella.
DEFENDANT Case Number 25cr4733-CAB
Roberto Carlos Galeana-Guatemala Age: 21 Mexico
SUMMARY OF CHARGES
Assault on a Federal Officer – Title 18, U.S.C., Sections 111 (a)(1) and (b)
Maximum penalty: Twenty years in prison and $250,000 fine
Deported Alien Found in the United States – Title 8, U.S.C., Section 1326
Maximum penalty: Two years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations – Marine Task Force
U.S. Border Patrol
U.S. Customs and Border Protection – Air and Marine Operations
Man Extradited from Peru Pleads Guilty to Laundering More than $72 Million in Drug ProceedsRead the Press Release
SAN DIEGO – Frank Mahonri Cruz-Marentes, a Mexican national who was extradited to the United States from Peru in November 2025, pleaded guilty this morning to laundering more than $72 million in drug proceeds between January 2019 and April 2021.
According to court records, Cruz-Marentes secured contracts with drug trafficking organizations in Mexico to pick up drug proceeds in cities throughout the United States, including Baltimore, Detroit, Los Angeles, Philadelphia, Boston, Denver, Chicago, New York, and numerous others.
Once he received a contract, Cruz-Marentes communicated with an Imperial Valley-based network of couriers and bank account holders using burner phones and code phrases to coordinate bulk cash deposits into fictitious funnel business bank accounts.
The couriers travelled from San Diego to cities throughout the country to receive the bulk cash after using photographs and codes to verify the meeting details. The bulk cash was typically concealed in trash bags, duffel bags, or shoe boxes. After the illicit cash proceeds were deposited into the fictitious funnel bank accounts, the monies were wired to personal bank accounts in Mexico where the money was then dispersed to the drug trafficking organizations.
Cruz-Marentes is scheduled to be sentenced by U.S. District Judge Gonzalo P. Curiel on December 18, 2026.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Blanca Quintero and Keith D. Ellison.
DEFENDANT Case Number 20cr2682-GPC
Frank Mahonri Cruz-Marentes Age: 37 Sinaloa, Mexico
SUMMARY OF CHARGE
Money Laundering Conspiracy – Title 18, U.S.C., Section 1956(h)
Maximum penalty: Twenty years in prison and $500,000 fine or twice the value of the monetary instrument or funds involved.
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
Drug Enforcement Administration, Narcotics Task Force
Internal Revenue Service - Criminal Investigation
Customs and Border Protection, Office of Field Operations
San Diego Sheriff’s Department
This case was investigated and prosecuted by the California Homeland Security Task Force (HSTF) as part of Operation Take Back America. HSTFs, which were established by President Trump in Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion, are joint operations led by the Department of Justice and the Department of Homeland Security. Operation Take Back America is a nationwide federal initiative that marshals the full resources of the Department of Justice to repel the invasion of illegal immigration, achieve the total elimination of cartels and transnational criminal organizations (TCOs), and protect our communities from the perpetrators of violent crime. Operation Take Back America streamlines efforts and resources from the Department’s Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETFs) and Project Safe Neighborhood (PSN).
Former U.S. Navy Sailors Plead Guilty to Selling Fentanyl-Laden Pills to Servicemembers Assigned to the USS Abraham LincolnRead the Press Release
SAN DIEGO – Former sailors Bailey A. Szramowski and Johnnese H. Poomaihealani pleaded guilty in federal court this morning to selling counterfeit oxycodone pills containing fentanyl to active-duty U.S. Navy servicemembers stationed in San Diego, including during deployments.
According to court records, Szramowski provided an active-duty U.S. Navy servicemember assigned to the USS Abraham Lincoln with 10 purported oxycodone pills in December 2022. The victim, identified in court records by his initials, A.N., overdosed and died of acute fentanyl intoxication in January 2023.
Despite knowing of A.N.’s death, Szramowski sold three more purported oxycodone pills to another sailor, identified as C.L., just 10 days later. After that sailor was taken to the hospital for a suspected overdose from which he recovered, Szramowski and Poomaihealani called C.L. and instructed C.L. to tell law enforcement he received the pills from A.N. and not Szramowski.
Szramowski and Poomaihealani are scheduled to be sentenced by U.S. District Judge Ruth Bermudez Montenegro on December 11, 2026.
Special agents and task force officers with HSI San Diego’s Fentanyl Abatement and Suppression Team (FAST) led this investigation. HSI San Diego’s FAST is a multiagency task force comprising state, local, and federal partners and was first established in August 2022 focusing on the disruption and dismantlement of criminal organizations that smuggle and distribute fentanyl within San Diego County. HSI’s FAST targets fentanyl smuggling and distribution networks to counter the rising overdose rate and decrease the availability and accessibility of fentanyl.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Keith D. Ellison. Former Special Assistant U.S. Attorney Samson Schatz contributed significantly to the case.
DEFENDANTS Case Number 20cr2682-GPC
Bailey A. Szramowski Age: 29 Hawaii
Johnnese H. Poomaihealani Age: 25 Hawaii
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Controlled Substances – Title 21, U.S.C., Sections 841(a)(1) and 846
Maximum penalties:
- Szramowski: A minimum of five years in prison up to 40 years, and $5,000,000 fine
- Poomaihealani: Twenty years in prison and $1 million fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
Naval Criminal Investigative Service
California Department of Justice
This case was investigated and prosecuted by the California Homeland Security Task Force (HSTF) as part of Operation Take Back America. HSTFs, which were established by President Trump in Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion, are joint operations led by the Department of Justice and the Department of Homeland Security. Operation Take Back America is a nationwide federal initiative that marshals the full resources of the Department of Justice to repel the invasion of illegal immigration, achieve the total elimination of cartels and transnational criminal organizations (TCOs), and protect our communities from the perpetrators of violent crime. Operation Take Back America streamlines efforts and resources from the Department’s Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETFs) and Project Safe Neighborhood (PSN).
California Man Sentenced to over 12 Years in Prison for Distributing Sadistic Child Sexual Abuse Material over the Dark WebRead the Press Release
James David Johnson, 58, of Santee, California, was sentenced today to 151 months in prison and 10 years of supervised release for distributing images and videos over the dark web that depicted the sexual abuse of children.
Johnson pleaded guilty to distributing child pornography on Oct. 14, 2025. According to court documents, Johnson was a member of at least five dark web communities dedicated to child sexual abuse material (CSAM) and the sexual exploitation of children. He distributed large volumes of CSAM on these websites and provided other users with advice on how to evade law enforcement. On one of these websites, which was in part dedicated to content depicting children being subject to pain and suffering, he rose through the ranks to become a high-ranking staff member. FBI agents executed search warrants at Johnson’s home and place of work and seized computer devices containing more than 260,000 images and videos of apparent child sexual abuse and exploitation, as well as autopsy and crime-scene photos depicting deceased children.
Assistant Attorney General A. Tysen Duva of the Justice Department’s Criminal Division; U.S. Attorney Adam Gordon for the Southern District of California; Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI’s San Diego Field Office; and Assistant Director Heith Janke of the FBI’s Criminal Investigative Division made the announcement.
The FBI’s San Diego Field Office and Child Exploitation Operational Section investigated the case.
Acting Deputy Chief Kyle P. Reynolds of the Justice Department’s Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS) and Assistant U.S. Attorney Amanda Griffith for the Southern District of California prosecuted the case.
This case was brought as part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse launched in May 2006 by the Justice Department. Led by U.S. Attorneys’ Offices and CEOS, Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to better locate, apprehend, and prosecute individuals who exploit children via the Internet, as well as to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.
Man Sentenced to 40 Years for Role in the Murders of a Couple and their Unborn Child During a Drug Trafficking ConspiracyRead the Press Release
SAN DIEGO – Benjamin Madrigal-Birrueta, a Mexican national in the country illegally who was living in Yakima, Washington, was sentenced in federal court today to 40 years in prison for his role in the murders of a man, his six-month pregnant wife and their unborn child during a drug-related dispute.
According to his plea agreement, Madrigal and co-conspirators fatally shot 44-year-old Cesar Murillo multiple times in the back of the head and torso on August 28, 2022, during an argument. The shooting took place at a remote ranch outside of Yakima, Washington. Madrigal’s co-conspirators then buried the victim’s body in a six-foot-deep grave under a gravel road near the ranch at Madrigal’s direction.
On September 2, 2022, Madrigal coaxed Murillo’s wife, Maira Sofia Hernandez, 33, to come to the ranch by claiming her husband was waiting for her there and wanted to see her. Hernandez did not know that only a few days earlier, Madrigal and his co-conspirators had shot, killed and buried her husband at the same ranch. Madrigal picked Hernandez up in Yakima and drove her 45 minutes into the mountains to the ranch.
When the visibly pregnant Hernandez arrived at the ranch, the defendant parked and they got out of his car. Soon thereafter, Madrigal’s co-conspirators shot her multiple times in the head and body. U.S. District Court Judge Dana M. Sabraw described Hernandez’s drive to the ranch as “a one-way ticket for her.” Madrigal’s co-conspirators then buried Hernandez in a separate deep grave under a gravel road near the ranch, again at Madrigal’s direction. The child died in utero when Hernandez was shot, killed and buried.
Madrigal also admitted in his plea agreement that the murders were committed while he was engaged in a drug trafficking conspiracy. Court testimony revealed that Murillo and Hernandez had worked with Madrigal in the drug trafficking organization but had just informed Madrigal that they planned to cooperate with law enforcement.
During the sentencing, the judge repeatedly described the murders as “horrific.” “So horrific that they demand a significant sentence.” Although the Court agreed that Madrigal had a “horrible childhood” and needed money to assist his sisters with migrating from Mexico to the United States, “the answer is not to do this.” Madrigal’s motivation to murder these victims was “wrong on every possible level.”
Madrigal had months to think about his actions, the Court stated, and yet he remained in the drug trafficking business. The Court added that Madrigal and his co-conspirators “executed” Murillo, Hernandez and the fetus, so he could “stay in control” and continue to run his drug business. And Madrigal clearly profited from his involvement in drug dealing, driving fancy cars, using drugs, and overseeing a ranch in Yakima with a virtual arsenal of weapons. The Court noted that the murders were particularly troubling because Madrigal was involved in killing cooperating witnesses. The Court concluded by noting, “It is very clear, the enormity of the stress and damage you have caused to the victims’ families.”
“While here illegally, Benjamin Madrigal-Birrueta chose a life of violence and greed,” said U.S. Attorney Adam Gordon, “The victims’ families deserved this strong measure of justice.”
“Today’s 40-year sentence holds Benjamin Madrigal-Birrueta accountable for the brutal murders of Cesar Murillo, Maira Hernandez, and their unborn child,” said Kevin Murphy, acting Special Agent in Charge of HSI San Diego. “This case reflects the extraordinary persistence of HSI special agents and our law enforcement partners to combat violent drug cartels, provide justice for victims and their families, and protect our communities.”
According to court filings, the investigation originated with the seizure of drugs from vehicles using San Diego area ports of entry between August and October of 2021. The organization built sophisticated compartments in high-end stolen vehicles to smuggle drugs through the ports of entry into the United States. Madrigal-Birrueta was a leader in the criminal enterprise. He coordinated the movements of the drug mules importing the drugs and worked to get the drugs up to Yakima for dispersal to other parts of the United States. Madrigal-Birrueta also coordinated the movement of hundreds of thousands of dollars in cash back to the drug trafficking organization in Mexico.
By August of 2022, the investigation led agents from San Diego up to Yakima. HSI Agents interviewed Murillo and Hernandez in August 2022. Within days of those interviews, Murillo and Hernandez were murdered and their bodies were buried in deep graves in the high desert. Court filings describe how these charges follow an exhaustive, year-long investigation that employed geophysicists, ground penetrating radar, aircraft, laser imaging, chemical testing of the soil, numerous cadaver dogs, and other law enforcement techniques to search for the victims’ remains. HSI Special Agents successfully recovered the remains on September 13, 2023, aided by a Washington State Police Crime Scene Investigations team.
During the investigation agents seized methamphetamine, cocaine, fentanyl, and multiple firearms — including a machine gun — from Madrigal’s drug trafficking organization.
This case is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
DEFENDANT Case Number 23cr1684-DMS
Benjamin Madrigal-Birrueta Age: 25 Yakima, WA
SUMMARY OF CHARGES
Count 4: Murder of Cesar Armando Murillo in Furtherance of a Drug Trafficking Conspiracy – Title 21, United States Code, Section 848(e)
Mandatory minimum sentence of 20 years and up to life, or death
Count 5: Murder of Maira Sophia Hernandez in Furtherance of a Drug Trafficking Conspiracy – Title 21, United States Code, Section 848(e)
Mandatory minimum sentence of 20 years and up to life, or death
Count 9: Causing the Death of a Child in Utero – Title 18, United States Code, Sections 1841 and 1111
Mandatory minimum sentence of 20 years and up to life, or death
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
Drug Enforcement Administration
Federal Bureau of Investigation
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
Washington State Police
California Highway Patrol
Yakima Police Department
Tulare County Sheriff’s Office
Visalia Police Department
Fresno Sheriff’s Office
Fresno Police Department
Former Director of Nasdaq Company Convicted of Securities FraudRead the Press Release
SAN DIEGO – Donald Danks of Irvine was convicted by a federal jury today of conspiracy to commit securities fraud, witness tampering, obstruction of justice, and perjury in connection with a multi-million-dollar scheme to defraud investors in a Nasdaq-listed company and his subsequent efforts to obstruct the investigation into his conduct.
After a two-week retrial, the jury found that Danks engaged in a six-year securities fraud scheme involving the stock of Loop Industries, Inc. Danks used his position as a company insider to obtain nonpublic information and influence investors while secretly selling Loop shares for his own benefit.
According to evidence presented at trial, Danks helped form Loop and served on its board of directors and audit committee, giving him access to a steady stream of inside information that continued even after he left the board. During the conspiracy, Danks solicited investors to purchase more than $100 million in Loop stock, including through the selective disclosure of inside information. He also directed investors to purchase shares at specific times, prices, and volumes in an effort to influence the stock price.
Danks carried out the scheme through Ventanas Capital LLC, a shell company he created with a former associate. He created fictitious employees and used the company to conceal his and his associate’s roles in the transactions. Danks transferred hundreds of thousands of Loop shares to Ventanas and gradually sold them to finance his and his associate’s lifestyle. He also used Ventanas to conduct stock transactions that concealed his identity as a seller.
Although Danks was required to disclose his control and trading of Loop stock, he failed to disclose that he was selling shares through Ventanas. At the same time, he repeatedly promoted Loop as a strong investment and represented that he was purchasing shares, while secretly selling shares himself and through Ventanas. In total, Danks profited more than $4 million from the scheme.
After the SEC and FBI began investigating, Danks and his associate took additional steps to conceal the fraud. Among other things, they fabricated and backdated promissory notes to create the appearance of legitimate loans. Evidence presented at trial showed that documents purportedly created over a period of years were actually prepared at the same time. Danks subsequently testified about those documents during his first trial without disclosing that they had been created after the investigation began.
Danks also tampered with his associate, encouraging her to repeat his false account of who controlled their shell company. His first trial ended in a mistrial.
Danks is scheduled to be sentenced on December 4, 2026, before U.S. District Judge Cynthia A. Bashant.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Janaki G. Chopra and Nicholas W. Pilchak.
DEFENDANT Case Number 22-CR-2701-BAS
Donald Danks Age: 69 Irvine, CA
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy, in violation of 18 U.S.C. § 371
Maximum Penalties: Five years in prison; $250,000 fine or twice the gross gain or loss
Witness Tampering, in violation of 18 U.S.C. § 1512(b)(1)
Maximum Penalties: Twenty years in prison; $250,000 fine
Obstruction of Justice, in violation of 18 U.S.C. § 1503
Maximum Penalties: Ten years in prison; $250,000 fine
Perjury, in violation of 18 U.S.C. § 1623(a)
Maximum Penalties: Five years in prison; $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCY
Federal Bureau of Investigation
Man Sentenced to 10 Years for Kidnapping his Estranged WifeRead the Press Release
SAN DIEGO – Chad Oso of La Mesa was sentenced in federal court today to 121 months in prison for kidnapping his estranged wife and violently tearing her away from their two young children, who were left home alone as he forced their mother into his vehicle and drove away.
Oso was convicted of kidnapping by a federal jury in March. According to evidence presented at the trial, Oso showed up at the victim’s La Mesa home on September 17, 2024, unannounced and uninvited. Oso made demands of the victim, but she rejected them. Oso became increasingly aggressive, escalating the confrontation to the point where the victim left the apartment in an attempt to alert a nearby neighbor.
Oso chased after her, beat her, dragged her down the stairs to the garage of the apartment complex and forced her into the hatchback area of his Toyota RAV4. He then drove the victim away from her home against her will, away from her children who were left alone with the door to their home wide open.
Oso then drove around La Mesa, refusing to let the victim go while she desperately tried to escape. The victim banged on the back window of the hatchback area of the RAV4 and screamed for help so loudly and desperately that members of the community saw her, were alarmed and called 911.
Police responded to the victim’s apartment complex, called Oso and told him to bring the victim home. But Oso did not bring the victim home. Instead, he drove the victim, against her will into Mexico, to leave her in the “desert.”
Once in Mexico, the victim stuck her hand out of the car window and pleaded for help from Mexican Customs Officials, who then directed the car back to the United States Border. There Customs and Border Protection officers rescued the victim and arrested Oso.
The victim suffered injuries to her face, head, chin, arms, hands, and legs as a result of Oso beating her, dragging her and forcing her into his car.
“Violently ripping a mother away from her young children is an unconscionable act of violence and cruelty,” said U.S. Attorney Adam Gordon. “We will always stand with victims and fight for justice on their behalf.”
“Today’s sentencing underscores the extreme violence the defendant was willing to inflict and the grave danger his actions posed to the victim,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “We commend the citizens who reported what they witnessed and thank our partners at the La Mesa Police Department and U.S. Customs and Border Protection. Their quick actions directly contributed to the victim’s safe recovery and return to her children. The FBI remains committed to pursuing justice for victims of violent crime and working with all of our law enforcement partners to continue reducing violent crime in our community.”
“This case is a stark reminder of how quickly domestic violence can escalate into life-threatening violence,” said La Mesa Police Chief Ray Sweeney. “We are grateful to the members of the La Mesa community who recognized the danger and immediately called 911. Their actions, together with the response of law enforcement and the outstanding work of the U.S. Attorney’s Office, helped bring this terrifying ordeal to an end and hold the defendant accountable.”
“CBP officers acted quickly and decisively to protect the victim and take the defendant into custody,” said Sidney Aki, Director of Field Operations for CBP’s San Diego Field Office. “I am proud of their swift response and grateful for the coordination among our federal, local, and international law enforcement partners, whose collective efforts helped bring this dangerous situation to an end.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Andrew Sherwood and Evangeline Dech.
Anyone who needs assistance can contact the National Domestic Violence Hotline. Free and confidential help is available 24/7 at 800-799-SAFE (7233)or text START to 88788
DEFENDANT Case Number 24cr2134-RBM
Chad Oso Age: 55 La Mesa, CA
SUMMARY OF CHARGES
Kidnapping (18 U.S.C. §1201)
Maximum penalty: Life in prison and a $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Federal Bureau of Investigation
La Mesa Police Department
United States Border and Customs Protection
Former Navy Civilian Employee Sentenced to 72 Months for Bribery and Tax Fraud SchemesRead the Press Release
SAN DIEGO – James Soriano, a former public official at the Naval Information Warfare Center in San Diego, was sentenced in federal court today to 72 months in prison for accepting hundreds of thousands of dollars in bribes.
According to his plea agreement, Soriano admitted he accepted bribes from defense contractors in the form of lavish meals, employment opportunities for family members and friends, and tickets to premier sporting events. In exchange, he used his position to help the contractors secure and maintain hundreds of millions of dollars in government contracts.
Soriano also admitted to filing false tax returns in connection with the bribes he received.
U.S. District Judge Todd W. Robinson ordered Soriano to forfeit $209,527.51 and pay $18,722.40 in restitution to the Internal Revenue Service.
According to Soriano’s plea agreement, the defense contractors – acting through their presidents, officers, and employees – gave various things of value to Soriano, including dinners at Ruth’s Chris, Island Prime, and Fogo de Chão; tickets to the 2018 MLB All-Star Game, 2018 World Series, and 2019 Superbowl; and jobs for Soriano’s family and friends, including Soriano’s wife and Soriano’s family friend, Liberty Gutierrez, who gave Soriano $2,000 a month in cash from her salary at one of the companies working under a defense contract.
In return, Soriano took official action to aid his benefactors, such as allowing defense contractors to draft government documents in competitive and non-competitive procurements, submitting those documents as part of the procurement process, and advocating for their selection as defense contractors. Soriano also willfully failed to disclose the cash payments he received from Gutierrez on his federal tax returns.
According to Soriano’s plea agreement, from approximately March 2016 through at least October 2019, Soriano and a coworker, Dawnell Parker, received bribes from Philip Flores, the president and CEO of Intellipeak Solutions, Inc., a defense contractor headquartered in Fredericksburg, Virginia. Soriano also admitted that from approximately May 2015 through at least October 2019, he separately received bribes from another defense contractor, with offices in San Diego and Stafford, Virginia, who gave him things of value, such as expensive dinners, a job for his wife, and rounds of golf at a private country club.
Further, according to Soriano’s plea agreement, from approximately June 2014 through at least October 2019, Soriano received bribes from Russell Thurston, the Vice President of Cambridge International Systems, Inc., a defense contractor headquartered in Arlington, Virginia. In return for these bribes, Soriano used various methods to steer contracts to these defense contractors and kept his contracting activities hidden from the Naval Information Warfare Center.
“Corruption in federal procurement undermines fair competition and cheats law-abiding businesses,” said U.S. Attorney Adam Gordon. “This is a strong sentence that proves corrupt officials will be held accountable.”
“The sentencing of Mr. Soriano should serve as a deterrent to anyone seeking to enrich themselves through fraudulent contracting practices,” said John E. Helsing, Special Agent-in-Charge for the Department of War Office of Inspector General Defense Criminal Investigative Service (DCIS), Western Field Office. “This type of criminal behavior undermines the Department or War’s procurement system and erodes public trust. DCIS will continue to work aggressively with our law enforcement partners and the Department of Justice to investigate and prosecute public corruption affecting America’s Warfighters.”
“Mr. Soriano abused his position of trust to benefit favored contractors and undermine the integrity of the procurement process,” said Acting Special Agent in Charge Brian Merkal of the NCIS Economic Crimes Field Office. “This sentencing reinforces our unwavering commitment to holding public officials accountable when they betray the public trust for personal gain.”
“This case shows how greed and corruption drive people to exploit public systems for personal gain,” said Darren Lian, Special Agent in Charge with IRS Criminal Investigation’s Los Angeles Field Office. “IRS‑CI’s financial expertise allows us to cut through even the most complex schemes, follow the money, and hold those who betray the public trust accountable.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Patrick C. Swan.
DEFENDANT Case Numbers 23-cr-2282-TWR-1 and 24-cr-341-TWR-1
James Soriano Age: 65 Las Vegas, NV
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Commit Bribery - Title 18, U.S.C., Section 371
Maximum penalties (per count): Five years in prison; $250,000 fine
False Statements in Tax Returns – Title 26, U.S.C., Section 7206(1)
Maximum penalties: Three years in prison; $100,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Defense Criminal Investigative Service
Naval Criminal Investigative Service
Small Business Administration – Office of Inspector General
Internal Revenue Service Criminal Investigation
Department of Health and Human Services – Office of Inspector General
If you have information regarding fraud, waste, or abuse relating to Department of Defense personnel or operations, please contact the DoD Hotline at 800-424-9098.
On April 7, the Department of Justice announced the creation of the National Fraud Enforcement Division ('Fraud Division'). The Fraud Division is laser-focused on investigating and prosecuting those who commit fraud against the American people. The Department’s work to combat fraud supports President Trump’s Task Force to Eliminate Fraud, a whole-of-government effort chaired by Vice President J.D. Vance to eliminate fraud, waste, and abuse within Federal benefit programs.
Seventeen Charged in Homeland Security Task Force Investigation of Fentanyl Trafficking Network in San DiegoRead the Press Release
SAN DIEGO – Two complaints were unsealed in federal court this week charging 17 alleged members of a San Diego-based fentanyl trafficking organization with distributing large quantities of fentanyl throughout San Diego.
In a coordinated takedown Thursday, more than 200 federal, state and local law enforcement officials arrested 13 defendants and executed a search warrant in San Diego; two defendants were arrested earlier in the week; and two are fugitives.
Including seizures this week and throughout this 10-month Homeland Security Task Force (HSTF) investigation, authorities have seized more than 27 kilograms of fentanyl; preventing more than 13 million potentially lethal doses from being distributed in San Diego. Additionally, agents seized more than 14.5 kilograms of cocaine, .6 kilograms of heroin, .8 kilograms of methamphetamine, and $49,000 in cash.
“Fentanyl is still out there—but so are we, and we’re coming for those who traffic it,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“Through the Homeland Security Task Force (HSTF), HSI San Diego and our federal, state, and local partners are bringing the full weight of a unified law enforcement effort against the criminal organizations pushing deadly fentanyl into our neighborhoods,” said Kevin Murphy, acting Special Agent in Charge of HSI San Diego. “This investigation reflects the strength of that partnership, resulting in multiple arrests and the seizure of significant quantities of fentanyl, cocaine, heroin, methamphetamine, and illicit proceeds. Together, we will continue working to disrupt and dismantle the networks that threaten public safety across our community.”
“As the Sheriff, I stand committed to working with local, state, and federal law enforcement to keep our communities safe,” said San Diego County Sheriff Kelly Martinez. “This investigation exemplifies the resources and level of law enforcement cooperation necessary to bring those responsible for distributing deadly narcotics to justice. These cases are time- and labor-intensive. The dedication of local, state, and federal law enforcement, analysts, and prosecutors is what makes it happen. I am extremely proud of everyone involved in this investigation and particularly the members of the San Diego County Sheriff’s Office.”
According to court documents, in November 2025, HSI San Diego and the San Diego County Sheriff’s Department, as part of the Fentanyl Abatement and Suppression Team (FAST), initiated an investigation into a drug trafficking organization (DTO) supplying fentanyl to multiple street-level dealers throughout San Diego, California. On November 25, 2025, agents seized 4.8 kilograms of fentanyl, 0.8 kilograms of methamphetamine, $10,042, and arrested Fabian Iniguez Ontiveros. A subsequent search of Iniguez’s cell phone revealed dozens of different fentanyl sub-distributors working for this DTO.
Through multiple investigative methods agents identified the leader of this DTO responsible for coordinating the smuggling and distribution of the fentanyl. Investigators also seized drug ledgers showing the organization routinely sells an ounce of fentanyl for $600 to $700, including making up to $20,000 in one night of deliveries. AfterIniguez was arrested, agents identified the new principal fentanyl distributor in the United States as Maricielo Ibarra Barrera.
From April to May 2026, investigators infiltrated the organization, conducting multiple fentanyl purchases coordinated by the organization and delivered by Ibarra. Investigators utilized months of surveillance operations to observe hundreds of instances where Ibarra drove from her residence to various locations around San Diego making multiple short stops consistent with drug distribution.
Beginning in June 2026 and continuing through August 2026, investigators obtained federal wiretaps targeting cellular telephones used by DTO. During these periods of interceptions, investigators intercepted dozens of calls and text messages between members of the organization located in the United States and Mexico. These wiretaps led directly to multiple seizures of fentanyl.
Evidence gathered indicated that Ibarra received as much as $50,000 per week for trafficking fentanyl on behalf of the DTO. On August 17, 2026, agents arrested Ibarra and executed a search warrant at Ibarra’s residence, where investigators discovered approximately 1.7 kilograms of fentanyl, 0.6 kilograms of heroin and $15,568.
On September 1, 2026, agents arrested two more members of the organization, Richard Alexander Arias Cruz and Juan Manuel Godinez and seized 14.52 kgs (32.01 lbs.) of cocaine and 20.28 kgs (44.71 lbs.) of fentanyl.
Special agents and task force officers with HSI San Diego’s Fentanyl Abatement and Suppression Team (FAST) led this investigation.
HSI San Diego’s FAST is a multiagency task force comprising state, local, and federal partners and was first established in August 2022 focusing on the disruption and dismantlement of criminal organizations that smuggle and distribute fentanyl within San Diego County. HSI’s FAST targets fentanyl smuggling and distribution networks to counter the rising overdose rate and decrease the availability and accessibility of fentanyl.
DEFENDANTS Case Number 26mj5181
*Redacted
Travis Faircloth Age: 42 Lemon Grove, CA
Diego La Madrid Age: 68 San Diego, CA
Leonardo Monteleone Age: 50 San Diego, CA
Andrew Reva Age: 51 Encinitas, CA
Garret Hutter Age: 56 Spring Valley, CA
Renee Trujillo Age: 55 San Diego, CA
Robert Clark Age: 61 San Diego, CA
Joseph Egan Age: 51 San Diego, CA
Nicole Lines Age: 37 Spring Valley, CA
Jeremy Jarrell Age: 39 Lakeside, CA
Erika Price Age: 39 Lakeside, CA
Stan Szumilas Age: 43 El Cajon , CA
Christopher Curll Age: 54 San Diego, CA
*Redacted
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Fentanyl - Title 21, U.S.C., Secs. 841(a)(1), 841(b)(1)(A), and 846 (Felony)
Maximum Penalty: Life in prison and $10 million fine
DEFENDANTS Case Number 26mj5173
Richard Alexander Arias Cruz Age: 26 El Cajon, CA
Juan Manuel Godinez Age: 22 Tijuana, Baja California, Mexico
SUMMARY OF CHARGES
Conspiracy to Distribute Fentanyl and Cocaine - Title 21, U.S.C., Secs. 841(a)(1), 841(b)(1)(A), and 846 (Felony)
Maximum Penalty: Life in prison and $10 million fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
San Diego County Sheriff’s Office
San Diego Police Department
California Department of Justice
U.S. Border Patrol
U.S. Customs and Border Protection
Drug Enforcement Administration
Naval Criminal Investigative Service
U.S. Marshals Service
U.S. Postal Inspection Service
California National Guard - Counterdrug Task Force
*The charges and allegations contained in an indictment or complaint are merely accusations, and the defendants are considered innocent unless and until proven guilty.
This case was investigated and prosecuted by the California Homeland Security Task Force (HSTF) as part of Operation Take Back America. HSTFs, which were established by President Trump in Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion, are joint operations led by the Department of Justice and the Department of Homeland Security. Operation Take Back America is a nationwide federal initiative that marshals the full resources of the Department of Justice to repel the invasion of illegal immigration, achieve the total elimination of cartels and transnational criminal organizations (TCOs), and protect our communities from the perpetrators of violent crime. Operation Take Back America streamlines efforts and resources from the Department’s Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETFs) and Project Safe Neighborhood (PSN).
High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) program, created by Congress with the Anti-Drug Abuse Act of 1988, provides assistance to Federal, state, local, and tribal law enforcement agencies operating in areas determined to be critical drug-trafficking regions of the United States. This grant program is administered by the Office of National Drug Control Policy (ONDCP). There are currently 33 HIDTAs, and HIDTA-designated counties are located in 50 states, as well as in Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and the District of Columbia.
Panga Boat Pilot Sentenced in Human Smuggling Event that Killed FiveRead the Press Release
SAN DIEGO – David Alfonso Barrera Nunes, pilot of a smuggling boat that capsized off Imperial Beach in rough surf last year, resulting in the deaths of five undocumented immigrants, was sentenced in federal court today to 57 months in prison.
On November 14, 2025, U.S. Border Patrol agents were notified of a small vessel crossing north from Mexico, heading towards Imperial Beach. Attempts to intercept the vessel were unsuccessful because dense fog significantly limited visibility. About an hour later, agents saw a small boat in the water, with several people emerging from the area. The boat soon capsized.
Shortly after people were seen emerging from the water near the boat, an agent saw an adult male run inland from the beach and climb over a jagged rock separating the beach from houses nearby. That person, later identified as Barrera, entered an enclosed backyard area. Barrera never attempted to rescue his passengers.
Law enforcement scoured the area for survivors and decedents. Ultimately, they found four bodies in the surf. A fifth decedent washed up in the surf several days later and was identified as a co-pilot of the vessel.
According to court documents, the defendant had agreed to pilot the boat in exchange for a reduced smuggling rate for himself.
“This case is a reminder that there is no harmless way to participate in human smuggling: If you choose to play a role, you will be held accountable for your actions,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“Transnational criminal organizations routinely place profit over human life, and this tragic case shows the devastating consequences of that callous disregard,” said HSI San Diego Special Agent in Charge Kevin Murphy. “As part of the Homeland Security Task Force, HSI’s Marine Task force and our law enforcement partners will continue to pursue those who exploit vulnerable people, endanger our coastal communities, and contribute to deadly smuggling ventures.”
“The loss of life in this incident is a tragic and entirely avoidable consequence of human smuggling,” said Acting Chief Border Patrol agent RJay Rippel. “Smugglers prioritize profit over life, often placing people in dangerous life-threatening conditions with no regard for their safety. This sentencing serves as a clear message that those who facilitate illegal border crossings and endanger lives will be held accountable for their actions. Our agents remain committed to disrupting these criminal networks and preventing such senseless tragedies.”
According to his April 2026 plea agreement, Barrera admitted that he was the pilot of the panga with nine undocumented aliens on board; that its single outboard motor repeatedly had engine trouble; and that there weren’t enough life jackets. He also admitted that as the vessel approached the United States shoreline near Imperial Beach, the motor failed again, causing the vessel to rotate and capsize in the surf about 200 yards from the coast, throwing everyone into the water.
Bartolo Baltazar Baltazar, Luis Humberto Mazariegos De Leon, Hector Gomez Lopez, and Margarita Espinosa Castellanos drowned while attempting to reach shore safely. A week later, on November 21 , 2025, a body was found on the shoreline near the Naval Base Coronado Silver Strand Training Complex in Imperial Beach, later identified as Jose Angel Vera- Romero. Vera- Romero had similarly been on the boat piloted by the defendant.
Passengers told harrowing stories about their ordeal.
One man, who had been trapped inside the cabin below deck when the boat overturned, found a pocket of air and was able to breathe while the boat was submerged with him and several others inside. He was able to exit the cabin after Border Patrol agents flipped the boat over. He said he didn’t know how to swim and believed that he was going to drown. Somehow, he said, he was able to reach the shore where he was aided by Border Patrol agents.
A complaint quoted several passengers who said the boat experienced engine problems, leading to an argument between the captain and passengers who urged him to return to Mexico. The captain refused and attempted to reach shore despite having no engine power, causing the vessel to rotate in the waves and capsize.
One passenger told agents he was reluctantly accompanying his granddaughter on the voyage. He said that before the vessel capsized, the captain ordered everyone to jump into the water. The vessel then capsized; the grandfather and granddaughter were trapped inside the vessel. As it rolled, the grandfather was able to pull his granddaughter out, but he remained trapped. He said a piece of metal penetrated his leg, causing a severe injury. He believed he was going to die, he said, but when the vessel came to a stop, he was pulled out and rescued.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Francisco Nagel and Sean Van Demark.
DEFENDANTS Case Number 25cr4550-TWR
David Alfonso Barrera Nunes Age: 38 Mexico
SUMMARY OF CHARGES
Bringing in Aliens Resulting in Death – Title 8, U.S.C., Sections 1324(a)(1)(A)(i), (v)(II), and (a)(1)(B)(iv)
Maximum penalty: Death or Life in Prison and $250,000 fine
Bringing in Aliens for Financial Gain – Title 8, U.S.C., Section 1324(a)(2)(B)(ii)
Maximum penalty: Ten years in prison with a three-year mandatory minimum and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations – Marine Task Force
U.S. Border Patrol
U.S. Customs and Border Protection – Air and Marine Operations
United States Coast Guard
Imperial Beach Fire-Rescue Department
Imperial Beach Marine Safety - Lifeguards
San Diego County Sheriff’s Department
San Diego County Medical Examiner’s Office
This case is part of the Homeland Security Task Force (HSTF) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad. Through historic interagency collaboration, the HSTF directs the full might of United States law enforcement towards identifying, investigating, and prosecuting the full spectrum of crimes committed by these organizations, which have long fueled violence and instability within our borders. In performing this work, the HSTF places special emphasis on investigating and prosecuting those engaged in child trafficking or other crimes involving children. The HSTF further utilizes all available tools to prosecute and remove the most violent criminal aliens from the United States. HSTF San Diego comprises agents and officers from FBI, Homeland Security Investigations, DEA, ATF, U.S. Marshals, Department of Defense, U.S. Postal Inspection Service, Naval Criminal Investigative Service, IRS Criminal Investigation, U.S. Coast Guard, U.S. Customs and Border Protection and Interpol, with the prosecution being led by the United States Attorney’s Office for the Southern District of California.
This case is a result of the coordinated efforts of Joint Task Force Alpha (JTFA). JTFA is the Justice Department’s lead effort in combating high-impact human smuggling and trafficking committed by cartels and Transnational Criminal Organizations (TCOs). A highly successful partnership between the Department of Justice and the Department of Homeland Security (DHS), JTFA investigates and prosecutes human smuggling and trafficking and related immigration crimes that impact public safety and border security. JTFA’s mission is to target the leaders and organizers of Cartels and TCOs involved in human smuggling and trafficking throughout the Americas. The Attorney General has elevated and expanded JTFA to target the most prolific and dangerous human smuggling and trafficking groups operating not only in Mexico and the Northern Triangle countries of Guatemala, El Salvador, and Honduras, but also in Canada, the Caribbean, and the maritime border, and elsewhere. Led by the Criminal Division’s Human Rights and Special Prosecutions Section and supported by the Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section, the Office of International Affairs, and the Office of Enforcement Operations, among others, JTFA has dedicated Assistant U.S. Attorney-detailees from the Southern District of California; District of Arizona; District of New Mexico; Western and Southern Districts of Texas; Southern District of Florida; Northern District of New York; and District of Vermont. JTFA also partners with other U.S. Attorney’s Offices throughout the country and supports high-priority cases in any district. All JTFA cases rely on substantial law enforcement resources from DHS, including ICE/HSI and CBP/BP and OFO, as well as FBI and other law enforcement agencies.
Husband and Wife Sentenced in International Property Theft SchemeRead the Press Release
SAN DIEGO –Victor Hugo Villalobos Almazan and his wife, Nayeli Noemi Montoya Rodriguez, Mexican nationals who entered the U.S. on tourist visas, were sentenced to 27 months and 10 months in custody, respectively, for participating in a conspiracy to fraudulently sell homes they did not own and launder approximately $1 million in proceeds.
According to the June plea agreement, conspirators posed as legitimate property owners and used fraudulent documents to sell real estate they did not own to unsuspecting buyers. They then routed the proceeds from the illegal sales through bank accounts controlled by the defendants.
“It is difficult to imagine a more brazen betrayal of trust than pretending to own someone else’s home and selling it for your own gain,” said U.S. Attorney Adam Gordon.
“Real estate fraud and money laundering schemes like this can devastate victims and undermine confidence in legitimate financial transactions,” said HSI San Diego Special Agent in Charge Kevin Murphy. “HSI will continue working with our law enforcement partners to identify transnational criminal networks, follow the money, and hold accountable those who exploit our financial systems for personal profit.”
“This sentencing sends a clear message: Those who engage in fraud will be held accountable,” said Darren Lian, Special Agent in Charge of IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angeles Field Office. “The defendants employed sophisticated tactics to exploit the trust of innocent real estate buyers and undermine the integrity of our financial system. IRS Criminal Investigation is committed to following the money, uncovering the truth, and collaborating with our law enforcement partners to protect victims and ensure justice is served.”
According to the plea agreement, to carry out the scheme, the defendants’ co-conspirators created email addresses that closely resembled those of the legitimate property owners and used them to market properties they did not own to unsuspecting buyers. By conducting transactions entirely through email, they avoided meeting buyers in person and concealed their identities.
Once a sale was arranged, the defendants’ co-conspirators used forged property transfer documents that falsely appeared to bear the property owner’s signature, allowing ownership of the property to be fraudulently transferred to the unwitting buyer. Villalobos and Montoya admitted they opened bank accounts using business names similar to those of the legitimate property owners and used those accounts to receive the illicit proceeds from the fraudulent sales before transferring the money abroad.
Specifically, Villalobos and Montoya admitted they lied to open bank accounts to facilitate the illegal sales of homes at 3873 36th Street and 555 Hollister Street in San Diego. The plea agreement said the defendants received:
- $400,748 of illicit proceeds from the fraudulent sale of 3873 36th Street. In April 2023, Montoya transmitted nearly the entire amount of money to bank accounts in Mexico.
- $561,463 of illicit proceeds from the fraudulent sale of 555 Hollister Street. Upon receipt, Villalobos withdrew all the money by international wire transfers to accounts in Mexico and Jordan, and in cash withdrawals.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Christopher Beeler and David Kete.
DEFENDANTS Case Number 25-CR-4686-DMS
Victor Hugo Villalobos Almazan Age: 48 Mexico
Nayeli Noemi Montoya Rodriguez Age: 48 Mexico
SUMMARY OF CHARGES
Bank Fraud Conspiracy – Title 18, U.S.C., Section 1349
Maximum penalty: Thirty years in prison and $250,000 fine
Bank Fraud – Title 18, U.S.C., Section 1344(2)
Maximum penalty: Thirty years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
Homeland Security Investigations
Internal Revenue Service Criminal Investigation
On April 7, the Department of Justice announced the creation of the National Fraud Enforcement Division ('Fraud Division'). The Fraud Division is laser-focused on investigating and prosecuting those who commit fraud against the American people. The Department’s work to combat fraud supports President Trump’s Task Force to Eliminate Fraud, a whole-of-government effort chaired by Vice President J.D. Vance to eliminate fraud, waste, and abuse within Federal benefit programs.
Mexican Man Charged with Smuggling Banned PesticidesRead the Press Release
SAN DIEGO – Juan Velderrain Perez, a citizen of Mexico and resident of San Diego, appeared in federal court today to face charges that he smuggled unapproved pesticides into the United States.
Velderrain Perez was apprehended at the Otay Mesa Port of Entry last month with 24 liters of dangerous Mexican-labeled pesticides concealed in his car. According to a complaint, which charges Velderrain Perez with the felony offense of smuggling merchandise, he failed to declare the chemicals at the border and then asked the Customs and Border Protection officer not to refer him to secondary because he knew he would get in trouble. Later, he admitted this was not the first time he had smuggled pesticides, and that he expected to be paid a smuggling fee when he delivered the product, the complaint said.
The pesticides, labeled “Taktic,” contain the active ingredient amitraz at an emulsifiable concentration of 12.5 percent. According to the U.S. Environmental Protection Agency, in the United States, amitraz in this form is a cancelled and unregistered pesticide and has been banned since at least 2019. The handling of amitraz poses reproductive, developmental, and neurological risks, as well as potential long-term cancer risks from exposure to the chemical, which led to regulations and restrictions on its commercial use.
Velderrain Perez is due in court on September 15, 2026, at 1:30 p.m. for a preliminary hearing before U.S. Magistrate Judge Valerie E. Torres.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California and the U.S. Environmental Protection Agency are members of the Department of Justice’s Trade Fraud Task Force, a cross-agency law enforcement effort that also involves the National Fraud Enforcement Division, the Criminal and Civil Divisions, the Energy and Natural Resources Division, the Department of Homeland Security, and U.S. Attorney’s Offices nationwide. The Task Force was created to leverage all of the Department’s tools and authorities to prevent trade fraud that deprives the government of vital revenue, threatens critical domestic industries, undermines consumer confidence, and weakens national security. The Task Force is designed to pursue enforcement actions against parties who seek to evade tariffs and other duties, as well as smugglers who seek to import prohibited goods into the American economy. The Justice Department encourages whistleblowers to alert the government to credible allegations of fraud, including utilizing the qui tam provisions of the False Claims Act or through the Criminal Division’s Corporate Whistleblower Program at CorporateWhistleblower@usdoj.gov using the form available here.
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Emily W. Allen from the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California.
DEFENDANT Case No. 26-mj-5136-DDL
Juan C. Valderrain Perez, Age: 43 San Diego, CA
SUMMARY OF CHARGES
Smuggling Merchandise – Title 18, U.S.C., Section 545
Maximum penalty: Twenty years in prison and $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
U.S. Environmental Protection Agency
Homeland Security Investigations
Man Sentenced to 14 Years in Prison for Attempting to Pay Teenage Girls for SexRead the Press Release
SAN DIEGO – Jose De Jesus Anguiano of San Diego was sentenced in federal court today to 168 months in prison plus 10 years of supervised release for coercing or attempting to coerce at least four children, ages 13 to 17, to engage in sexual activity in exchange for money, marijuana, or alcohol.
Anguiano pleaded guilty on February 24, 2026, to one count of Coercion and Enticement of a Minor. According to his plea agreement, Anguiano also admitted similar conduct with three other minors, including that from at least April 28, 2022, through August 29, 2024, he repeatedly solicited minors for sex and on at least one occasion raped a 14-year-old girl after agreeing to meet with her to provide her with marijuana.
As a part of his scheme, Anguiano would insert himself into the youth population through social media, offering to be underage girls’ hookup for “weed,” “booze” and money.
Anguiano’s conduct came to the attention of the San Diego Human Trafficking Task Force when, on August 29, 2024, he himself brazenly called the police. Anguiano had arranged to meet with a minor for sex in an alley. When Anguiano arrived, the minor’s trafficker held Anguiano up at gun point in an attempted carjacking. Anguiano then dialed 911 for help from the San Diego Police Department. When officers arrived on scene, they quickly put together the facts and called in the San Diego Human Trafficking Task Force.
“There’s an irony in a child predator calling the cops on another criminal,” said U.S. Attorney Adam Gordon, “But more important is the justice this sentence serves. It’s a clear reminder to predators that the law is not your shield or your weapon. The law belongs to the victims.”
“This sentence proves that combating the trafficking and exploitation of children remains an utmost priority for my team and me at the California Department of Justice,” said Attorney Rob General Bonta. “Crimes against children will never be tolerated in California, and I remain dedicated to holding perpetrators of child exploitation accountable. I am grateful for the hard work of my team in the San Diego Human Trafficking Task Force that made securing this prison sentence possible.”
In the government’s sentencing memo, prosecutors noted that Anguiano “had become so brazen in his criminal acts that he had no hesitation of harassing children into having sex with him, over several years, attempting to recruit friends or siblings, photographing one victim behind a police car, and calling the police on another victim whose trafficker car-jacked him when he arrived in an alley to pay for sex with the minor.”
The mother of one of the victims submitted a statement to the court explaining that, “Sexual assault does not simply end when the assault is over. The effects can continue long after the physical event has ended. It can affect a survivor’s ability to trust, their sense of safety, their relationships, their emotional well-being, and the way they see themselves and the world around them.”
At the end of her statement, the mother wrote that Anguiano “did not get to take away my daughter’s future. You hurt her. You violated her trust. You changed her. You changed me. You changed our family. You forced us to make decisions we never should have had to make…. But you did not take away her ability to heal…. [She] is still here. She is loved. She is supported. She is healing.”
This case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Lyndzie M. Carter and Derek Ko.
If you believe you or someone you know has been a victim of human trafficking, investigators ask that you contact the San Diego Human Trafficking Task Force at 1-888-373-7888 or text 233733.
DEFENDANT Case Number 25cr01293-BJC
Jose De Jesus Anguiano
SUMMARY OF CHARGES
Coercion and Enticement of a Minor, 18 U.S.C., Section 2422
Maximum penalty: Life imprisonment with a 10-year mandatory minimum; $250,000 fine
INVESTIGATING AGENCIES
San Diego Human Trafficking Task Force
San Diego Police Department
Chula Vista Police Department
Federal Bureau of Investigation
Homeland Security Investigations
The San Diego Human Trafficking Task Force is a cooperative effort involving the California Department of Justice, California Department of Corrections and Rehabilitation, California Highway Patrol, Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, National City Police Department, Naval Criminal Investigative Service, San Diego City Attorney’s Office, San Diego County District Attorney’s Office, San Diego County Probation Department, San Diego County Sheriff’s Department, San Diego Police Department, Southwest Border High Intensity Drug Trafficking Area, and the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California.
This case is the result of the ongoing efforts of the Special Victims Unit. Formed in April 2025, the SVU is tasked with leading collaborations between federal and local law enforcement in the investigation and prosecution of cases involving sex trafficking and child exploitation, civil rights, and labor trafficking. The SVU oversees the Southern District of California liaisons to the San Diego Human Trafficking Task Force and Project Safe Childhood
U.S. Attorney’s Office Filed 71 Border-Related Cases This WeekRead the Press Release
SAN DIEGO – Federal prosecutors in the Southern District of California filed 71 border-related cases this week, including charges of bringing in aliens for financial gain, reentering the U.S. after deportation, and importation of controlled substances.
The U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California is the fourth-busiest federal district, largely due to a high volume of border-related crimes. This district, encompassing San Diego and Imperial counties, shares a 140-mile border with Mexico. It includes the San Ysidro Port of Entry, the world’s busiest land border crossing, connecting San Diego (America’s eighth largest city) and Tijuana (Mexico’s second largest city).
In addition to reactive border-related crimes, the Southern District of California also prosecutes a significant number of proactive cases related to terrorism, organized crime, drugs, white-collar fraud, violent crime, cybercrime, human trafficking and national security. Recent developments in those and other significant areas of prosecution can be found here.
A sample of border-related arrests this week:
- On August 22, Adan Alejandro Cardenas, a United States citizen, was arrested and charged with Importation of Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 251 pounds of cocaine concealed in the bed of the 2014 GMC Sierra truck he was driving as he applied for entry to the U.S. at the San Ysidro Port of Entry.
- On August 24, Christopher Jaymes Boegeman, a United States citizen, was arrested and charged with Bringing in Aliens for Financial Gain. According to a complaint, Boegeman presented a U.S. passport card belonging to another person on behalf of his passenger as he applied for admission in the vehicle lanes at the San Ysidro Port of Entry. The complaint said the passenger was a woman from India who had paid the defendant a smuggling fee.
- On August 26, Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, a Mexican citizen, was arrested and charged with Importation of a Controlled Substance. According to a complaint, Customs and Border Protection officers discovered 153 pounds of methamphetamine concealed in a non-factory compartment under the floor of the driver side and passenger side seats of the 2020 Nissan Rogue she was driving as she applied for entry to the U.S. at the Tecate Port of Entry.
The immigration cases were referred or supported by federal law enforcement partners, including Homeland Security Investigations (HSI), Immigration and Customs Enforcement’s Enforcement and Removal Operations (ICE ERO), Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol, the Drug Enforcement Administration (DEA), the Federal Bureau of Investigation (FBI), the U.S. Marshals Service (USMS), and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), with the support and assistance of state and local law enforcement partners.
Indictments and criminal complaints are merely allegations and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
Justice Department and FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical InfrastructureRead the Press Release
SAN DIEGO — The Justice Department and FBI announced court-authorized domain seizures today to deny malicious cyber actors access to two complementary hacking platforms known as “QScan” and “QTRouter,” used to target U.S. critical infrastructure and other sensitive networks.
As described in court documents unsealed in the Southern District of California, a People’s Republic of China (PRC) state-sponsored group known as “QTFY,” employed by China-based Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company (南京鑫玖维网络科技有限公司), created and operated QScan and QTRouter. Among the victims of QTFY computer intrusion activity are the National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve, Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, and the U.S. Senate.
“State-sponsored malicious hackers preying on America’s critical infrastructure will be stopped and prosecuted. We are here to ensure security for the American people and will use every tool we have to keep that promise,” said Attorney General Todd Blanche. “Federal law enforcement investigated and disabled the PRC’s malicious software, the latest in a series of technical operations to dismantle indiscriminate hacking activities sponsored by the People’s Republic of China.”
“Today we announced the disruption of a global botnet and hacking platform used by Chinese state-sponsored hackers to target U.S. critical infrastructure,” said FBI Director Kash Patel. “These tools were used by PRC cyber actors to hide the origin of their attacks. Thanks to the work of FBI San Diego, FBI Cyber Division, and DOJ partners, we seized adversary infrastructure and shut these platforms down. Today’s action is just the latest technical operation against PRC-sponsored hacking - and in support of President Trump’s Cyber Strategy for America, the FBI is surging efforts to shape adversary behavior and defend the homeland in cyberspace.”
“Today’s announcement demonstrates the Justice Department’s steadfast commitment to going on the offensive against cyber threats to the national security,” said Assistant Attorney General for National Security John A. Eisenberg. “These court-authorized seizures deny PRC-linked hackers access to tools they use to mount online attacks against our Nation’s critical infrastructure.”
“We’re taking the fight to PRC-sponsored cybercriminals to protect the critical services Americans rely on every day,” said U.S. Attorney Adam Gordon for the Southern District of California.
“The FBI remains relentless in our efforts to counter nation state cyber actors, taking decisive action against those threatening the United States and our critical infrastructure,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “Through complex investigations, aggressive technical operations, and strong partnerships, FBI San Diego will continue to identify, disrupt, and impose costs on our cyber adversaries. We are committed to dismantling the tools behind these state-sponsored crimes and protecting the American people from malicious cyber activity.”
According to court documents, QTFY offers computer hacking services to its paying customers, including the PRC’s Ministry of State Security and the People’s Liberation Army. These computer hacking services include QScan and QTRouter, which work in conjunction. QScan scans and automatically infects thousands of “internet-of-things” (IoT) devices worldwide, which are then added to the QTRouter network of QTFY-controlled devices. QTRouter consists of these compromised IoT devices, as well as commercial proxy service devices and leased virtual private servers. QTRouter then serves as an “obfuscation network” – meaning it allows QTFY and other malicious cyber actors to conceal the PRC-origin of their computer intrusion activities because the malicious communications appear to originate from computers (such as those compromised by QScan) that are outside of the PRC and may even be local to the targeted networks. Because the seized domains were hard-coded into both the QScan and QTRouter malware and used for essential tasks such as communication and authentication, the court-authorized seizures made QScan and QTRouter inoperable.
This disruption announced today is among a series of court-authorized technical operations against indiscriminate hacking activities by the PRC. In 2025, the FBI removed PlugX surveillance malware from over 4,000 U.S. computers after they had been infected by the PRC-sponsored hacker group Mustang Panda. In 2024, the FBI disabled a botnet consisting of hundreds of thousands of infected internet-of-things devices, which the PRC-sponsored hacking group Flax Typhoon was providing to customers in the Chinese government. In 2023, the FBI disrupted a different botnet used by the PRC-sponsored hacking group Volt Typhoon to conceal their exploitation of U.S. and foreign critical infrastructure. Also today, the FBI and National Security Agency published a cybersecurity advisory providing indicators-of-compromise by QTFY based on their analysis of QTFY malicious cyber activity dating back to at least 2018. In addition, Lumen Technologies’ threat intelligence group, Black Lotus Labs, published a description of QTFY’s tactics, techniques, and procedures.
The FBI’s San Diego Field Office and Cyber Division, the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California, and the National Security Cyber Section of the Justice Department’s National Security Division investigated this hacking activity and led this disruption effort.
Note: View the affidavit here.
Justice Department and FBI Seize Platforms Operated and Used by China State-Sponsored Hackers to Target U.S. Critical InfrastructureRead the Press Release
The Justice Department and FBI announced court-authorized domain seizures today to deny malicious cyber actors access to two complementary hacking platforms known as “QScan” and “QTRouter,” used to target U.S. critical infrastructure and other sensitive networks. As described in court documents unsealed in the Southern District of California, a People’s Republic of China (PRC) state-sponsored group known as “QTFY,” employed by China-based Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company (南京鑫玖维网络科技有限公司), created and operated QScan and QTRouter. Among the targets of QTFY are the National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve, Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, and the U.S. Senate.
“State-sponsored malicious hackers preying on America’s critical infrastructure will be stopped and prosecuted. We are here to ensure security for the American people and will use every tool we have to keep that promise,” said Attorney General Todd Blanche. “Federal law enforcement investigated and disabled the PRC’s malicious software, the latest in a series of technical operations to dismantle indiscriminate hacking activities sponsored by the People’s Republic of China.”
“Today we announced the disruption of a global botnet and hacking platform used by Chinese state-sponsored hackers to target U.S. critical infrastructure,” said FBI Director Kash Patel. “These tools were used by PRC cyber actors to hide the origin of their attacks. Thanks to the work of FBI San Diego, FBI Cyber Division, and DOJ partners, we seized adversary infrastructure and shut these platforms down. Today’s action is just the latest technical operation against PRC-sponsored hacking - and in support of President Trump’s Cyber Strategy for America, the FBI is surging efforts to shape adversary behavior and defend the homeland in cyberspace.”
“Today’s announcement demonstrates the Justice Department’s steadfast commitment to going on the offensive against cyber threats to the national security,” said Assistant Attorney General for National Security John A. Eisenberg. “These court-authorized seizures deny PRC-linked hackers access to tools they use to mount online attacks against our Nation’s critical infrastructure.”
“We’re taking the fight to PRC sponsored cybercriminals to protect the critical services Americans rely on every day,” said U.S. Attorney Adam Gordon for the Southern District of California.
“The FBI remains relentless in our efforts to counter nation state cyber actors, taking decisive action against those threatening the United States and our critical infrastructure,” said Special Agent in Charge Mark Remily of the FBI San Diego Field Office. “Through complex investigations, aggressive technical operations, and strong partnerships, FBI San Diego will continue to identify, disrupt, and impose costs on our cyber adversaries. We are committed to dismantling the tools behind these state-sponsored crimes and protecting the American people from malicious cyber activity.”
According to court documents, QTFY offers computer hacking services to its paying customers, including the PRC’s Ministry of State Security and the People’s Liberation Army. These computer hacking services include QScan and QTRouter, which work in conjunction. QScan scans and automatically infects thousands of “internet-of-things” (IoT) devices worldwide, which are then added to the QTRouter network of QTFY-controlled devices. QTRouter consists of these compromised IoT devices, as well as commercial proxy service devices and leased virtual private servers. QTRouter then serves as an “obfuscation network” – meaning it allows QTFY and other malicious cyber actors to conceal the PRC-origin of their computer intrusion activities because the malicious communications appear to originate from computers (such as those compromised by QScan) that are outside of the PRC and may even be local to the targeted networks. Because the seized domains were hard-coded into both the QScan and QTRouter malware and used for essential tasks such as communication and authentication, the court-authorized seizures made QScan and QTRouter inoperable.
This disruption announced today is among a series of court-authorized technical operations against indiscriminate hacking activities by the PRC. In 2025, the FBI removed PlugX surveillance malware from over 4,000 U.S. computers after they had been infected by the PRC-sponsored hacker group Mustang Panda. In 2024, the FBI disabled a botnet consisting of hundreds of thousands of infected internet-of-things devices, which the PRC-sponsored hacking group Flax Typhoon was providing to customers in the Chinese government. In 2023, the FBI disrupted a different botnet used by the PRC-sponsored hacking group Volt Typhoon to conceal their exploitation of U.S. and foreign critical infrastructure. Also today, the FBI and National Security Agency published a cybersecurity advisory providing indicators-of-compromise by QTFY based on their analysis of QTFY malicious cyber activity dating back to at least 2018. In addition, Lumen Technologies’ threat intelligence group, Black Lotus Labs, published a description of QTFY’s tactics, techniques, and procedures: www.lumen.com/blog/en-us/the-infrastructure-quartermaster-inside-a-china-nexus-state-enablement-model.
The FBI’s San Diego Field Office and Cyber Division, the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California, and the National Security Cyber Section of the Justice Department’s National Security Division investigated this hacking activity and led this disruption effort.
Note: View the affidavit here.
Edits have been made to ensure this press release accurately reflects the government’s allegations in the affidavit in support of the domain seizures.